Feijóo da instrucciones al PP para preparar la «abolición de las leyes sanchistas»: Memoria, Vivienda, Trans y Amnistía

También revertirá otras medidas: recuperará el delito de sedición, endurecerá la malversación y prohibirá indultos por corrupción

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado instrucciones a su núcleo duro para que empiece a trabajar en la «abolición» de lo que denominan «leyes sanchistas» si el partido llega al Palacio de la Moncloa: la Ley de Memoria Democrática, la de Vivienda, la Ley Trans, la de Amnistía o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’.

También está decidido a derogar el «cupo separatista» si finalmente se aprueba, al tiempo que confirma su disposición a revertir otras medidas como recuperar el delito de sedición, endurecer la malversación y prohibir indultos por corrupción.

De hecho, Feijóo ha creado una Vicesecretaria de Regeneración Institucional en el PP –que dirige la riojana Cuca Gamarra– que tendrá entre sus principales funciones «derogar buena parte del cuerpo legislativo sanchista» y reformar otras leyes que ha aprobado el Ejecutivo de PSOE y Sumar.

Esa tarea forma parte del llamado plan de regeneración institucional y democrático que Feijóo quiere aprobar en los primeros 100 días de su Gobierno si gana las elecciones. Ese plan fue presentado en enero de 2023 pero el partido está inmerso en una labor de actualización, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

«La próxima legislatura no será una legislatura al uso. Será una legislatura en la que vamos a pretender recuperar la normalidad política y también a sanear la política», aseguró Feijóo esta semana en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde apostó también por «volver a los valores de las políticas de Estado».

Feijóo, que ha convocado media docena de manifestaciones en la calle contra la Ley de Amnistía y la desigualdad de los españoles, se ha comprometido a derogar esa norma, que el Tribunal Constitucional avaló a finales de junio. El PP confía en que esa decisión la revierta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El PP es consciente de que la Ley de Amnistía ya es inderogable «de facto» porque en la jurisdicción penal opera «el principio de irretroactividad de las leyes desfavorables al reo», según reconoció públicamente su portavoz parlamentaria en el Congreso, Ester Muñoz.

Sin embargo, aunque ya no pueden «impedir sus consecuencias» ni «revertir los beneficios que haya podido causar en personas», el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que sí que derogarán esa norma para que «quede claro que el Estado no falló y no se equivocó».

El PP ha expresado su rechazo desde el primer momento contra la ley de Memoria Democrática. «Derogaremos la mal llamada ‘ley de memoria democrática’, corredactada por Bildu, porque no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia -con los victimarios- desde la manipulación y el enfrentamiento», asegura el PP en el ideario aprobado en su congreso de julio.

También derogará la Ley de Vivienda impulsada por la ministra Isabel Rodríguez que entró en vigor hace un año y medio, y que, a su entender, no está ayudando a resolver el principal problema de los españoles.

El PP además incluye en su listado la derogación de la Ley Trans con el objetivo, según aduce, de «proteger a los menores» y darles instrumentos «para enfrentar esa problemática con las herramientas necesarias y el apoyo necesario».

El PP pretende derogar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana –aún en tramitación parlamentaria –que, según el partido, el PSOE «ha dejado en manos de Bildu» y supone «un insulto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Esta semana, el propio Feijóo ha asegurado que el «cupo separatista» es «una decisión contra la mayoría de los españoles» y se ha comprometido a derogarlo si llega al Palacio de la Moncloa en caso de que finalmente se apruebe.

En ‘Génova’ también van a elaborar un listado de leyes que hay que revisar o ajustar, como la Ley de Eutanasia. También apuestan por hacer modificaciones en la reforma laboral, si bien en el equipo de Feijóo aseguran que buscarán el consenso con sindicatos y patronal en esta materia.

Asimismo, Feijóo propone castigar al Gobierno que no tenga Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Eso tiene que tener una consecuencia jurídica», advirtió hace unos días, donde apuntó a una cuestión de confianza o convocatoria de elecciones.

Tras recordar que el Presupuesto en vigor se aprobó en el año 2022, explicó que la falta de cuentas públicas son cuestiones que hay que abordar y que «quizás la ingenuidad del legislador» dejó en «una laguna legal». «Una cosa es prorrogar un presupuesto, pero no se puede prorrogar una prórroga», afirmó.

De la misma manera, Feijóo ha defendido modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal para fijar una serie de incompatibilidades y que no se pueda «en ningún caso pasar del Ejecutivo a la Fiscalía, del Ejecutivo al Constitucional o del Ejecutivo al Consejo General de Poder Judicial» sin que pase «un mínimo de cinco años». Según los ‘populares’, son instituciones que «hay que preservar de la contaminación política».

Además, el líder del PP ha garantizado que si accede a la Presidencia del Gobierno una de las propuestas que impulsará será la derogación de tres leyes actuales por cada nueva norma, al tiempo que reducirá la burocracia, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. El objetivo de esa medida es reducir la «hiperregulación» y «mejorar la competitividad de la economía española».

En su plan de regeneración institucional, el PP incluirá cambios en el Código Penal dado que quiere «revertir» la modificación que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez «eliminando el delito de sedición y abaratando las penas de malversación», según subrayan fuentes del partido.

Además el PP prohibirá indultos por corrupción. «El indulto no volverá a ser un privilegio político. Reformaremos su regulación para asegurar que no pueda concederse de forma arbitraria, estableciendo criterios claros y objetivos que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley», reza textualmente en la ponencia política que el partido aprobó en su reciente congreso.

En el mismo documento, el PP recalca que «cada euro del presupuesto público merece el máximo respeto y control de su destino, y su mal uso, el máximo reproche penal». Por eso, se compromete a «endurecer las penas por malversación».

Además, Feijóo ha presentado ya un decálogo de tareas prioritarias si llega al Palacio de la Moncloa que aplicará en sus primeros 100 días de Gobierno. Aparte de impulsar un plan de regeneración democrática, se ha comprometido a reducir la inmigración ilegal, bajar los impuestos, impulsar un Pacto Nacional del Agua y aprobar un plan de Vivienda.

En ese decálogo figura también dar a España más médicos, reforzar la seguridad, clarificar la política de Defensa, y aprobar una Ley de Lenguas para «garantizar» que todos los niños españoles puedan ser educados en español.