Feijóo cree que Sánchez quiere seguir «controlando» el TC y «prolongar el mandato» de Conde-Pumpido pese a que caduca

Tras el procesamiento del fiscal general: «Estoy convencido de que preferiría irse pero el Gobierno no lo deja, le necesita de escudo»

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. –

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto a negociar con el PSOE la renovación del Tribunal Constitucional con requisitos que garanticen su independencia. Sin embargo, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere continuar «controlando» este tribunal y «prolongar el mandato» del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, a pesar de que caducará el próximo mes de diciembre.

Durante una entrevista concedida a Europa Press, Feijóo ha achacado esa intención a Sánchez porque «el Tribunal Constitucional está actuando por primera vez también de tribunal de casación del Tribunal Supremo y dejado sin efecto sentencias como es el caso de los ERE de Andalucía».

Y ha avisado de que así, «por primera vez en la historia», se ha dado el «precedente preocupante» de que los jueces españoles han acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las decisiones del Constitucional.

«El PSOE controla el Tribunal Constitucional y el objetivo del señor Sánchez es seguir controlándolo, no tiene otro objetivo», ha resaltado.

Así se ha pronunciado el jefe de la oposición al ser preguntado por la renovación de los cuatro magistrados del TC cuyos mandatos caducarán a finales de año: el propio Conde-Pumpido, la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías.

Sus sustitutos los tiene que nombrar el Senado, donde los ‘populares’ tiene mayoría absoluta, pero insuficiente para hacer los nombramientos en solitario, ya que se requiere una mayoría de tres quintos.

Preguntado si el PP va a pactar con el PSOE esa renovación parcial, Feijóo lo ha condicionado a que se cumplan «requisitos» como que los elegidos sean «personas excluidas del ámbito político en los últimos cinco años».

«Ahora bien, no soy optimista. Porque una cosa es que cumpla el mandato y otra cosa es que lo quieren renovar. Y el PSOE no ha dejado ni siquiera que los que les corresponde al Partido Popular pudieran ser nombrados, lo estuvieron vetando», ha indicado.

Feijóo ha señalado que «el objetivo número uno del PSOE» es «prolongar el mandato de Conde-Pumpido», por lo que duda de que se produzca un acuerdo, aunque espera que «ojalá» no sea verdad.

«Yo estoy dispuesto a que los órganos jurisdiccionales y constitucionales funcionen», ha subrayado, para añadir que cuando tuvo «la más mínima posibilidad de encontrar un escenario de independencia» para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acordó su renovación, en la que el PP «planteaba cosas sensatas».

Entre esos requisitos ha mencionado que no pueda ser elegido alguien que hubiera tenido actividad política en los últimos cinco años y que haya mayorías reforzadas de 13 votos para hacer nombramientos. «Y con esas dos cuestiones yo pacté», ha recalcado.

«¿Y cuál ha sido el resultado del pacto del Consejo General del Poder Judicial? Pues que se han desbloqueado más de 130 nombramientos en nuestro país. ¿Ha sido correcto? Sí. ¿Ha sido bueno para la independencia judicial? Sí. Ese es el pacto que a mí me interesa. Aquello que garantice la independencia del Poder Judicial o la independencia del Tribunal Constitucional», ha reivindicado.

Para Feijóo, «este Tribunal Constitucional», de mayoría progresista, «no ha acreditado independencia» y «ha tenido enfrentamientos impropios con el Tribunal Supremo», lo que «no tiene ningún sentido».

«No tiene ningún sentido que un ministro del Gobierno del señor Sánchez, una asesora del señor Bolaños en Moncloa y un ex fiscal general del Estado estén en el Tribunal Constitucional de nuestro país», ha reprochado, en alusión a Conde-Pumpido y los también magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Una situación que, si gobierna el PP, «no será posible»: «Porque la autolimitación a la que nos vamos a someter acredita la exclusión de la actividad política de los últimos cinco años y la acreditación de la independencia y de la formación».

Respecto al procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo ha incidido en que «aquel que persigue delitos no puede estar acusado de haberlos cometido».

«Y esta es la situación inédita en España», ha lamentado ante la pregunta de si se plantea alguna medida para que se puedan pedir responsabilidades al Gobierno por mantener a un fiscal general procesado por el Tribunal Supremo y a un paso de juicio.

En su opinión, detrás de la defensa que el Ejecutivo hace de García Ortiz está «la intencionalidad de desacreditar la independencia judicial, de generar dudas sobre todos los sumarios que les afectan, porque afecta a la familia del presidente, al Gobierno y al partido del presidente» en las causas abiertas por presunta corrupción.

Por esa razón «se está presionando al fiscal general para que no presente su dimisión», según Feijóo, que ha criticado que «se trata de iniciar una esfera de incertidumbre y de interrogantes de si lo que le afecta a la familia, al Gobierno o al partido es correcto o, por el contrario, es un acoso hacia el Gobierno por parte del Poder Judicial».

«Yo estoy convencido que el fiscal general preferiría irse y dimitir pero el Gobierno no le deja, le necesita de escudo para acreditar que todo esto que está ocurriendo en España probablemente sea un posicionamiento judicial contra el Gobierno. Esto es muy típico de los regímenes populistas», ha recriminado.

Feijóo ha expresado que, con el Estatuto del Ministerio Fiscal en la mano, el Gobierno tiene suficiente apoyo legal para cesar al fiscal general, antes de señalar que si llega a Moncloa, el próximo jefe de la Fiscalía «tendrá que tener una serie de limitaciones».

Al respecto, el dirigente ha puesto como requisitos no haber tenido «ningún tipo de relación en los últimos cinco años con ningún cargo político» y contar con el «visto bueno» del CGPJ.

«Es que aquí los maridos de las ministras son miembros de los órganos reguladores con normalidad. Y es que aquí los exministros son fiscales generales del Estado o miembros del Tribunal Constitucional. Y es que aquí los asesores de Moncloa son magistradas del Tribunal Constitucional», ha censurado..

Feijóo se ha comprometido a «no nombrar a ningún político en la Fiscalía General del Estado» y a someterse «al veredicto del Consejo General del Poder Judicial para acreditar que esa persona es idónea».

«Y por supuesto, si hay que reformar o reformular cualquier artículo del Estatuto Fiscal, lo reformularemos», ha afirmado, para apuntar al «disparate» que supone que «los fiscales imputados se les suspende automáticamente y el fiscal general del Estado imputado sigue en el ejercicio de su cargo y sigue persiguiendo los delitos un señor que está siendo investigado por haberlos cometido».

También se ha referido al informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que es «un varapalo al Gobierno sin precedentes» porque «le recuerda que de los 19 asuntos» pendientes, «no ha resuelto ninguno, y que España es uno de los países con mayor índice de corrupción en los últimos años de Europa».

«Es que no es, por tanto, una actitud aislada. Se pretende mantener al fiscal general para cuestionar los sumarios, la independencia judicial y la investigación en nuestro país», ha añadido.

Según el líder de la oposición, se están «destruyendo los principios básicos de las democracias fundamentales en nuestro país»: «Y esto ocurre todo a la vez».