Extremadura recurre el decreto de Universidades, que «endurece» los criterios de implantación de estos centros

MÉRIDA 9 Dic. –

La comunidad autónoma de Extremadura presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de Universidades del Gobierno central, que «endurece» los criterios de implantación de estos centros educativos.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha informado de esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha mostrado «convencida» de que el mismo va a prosperar.

La interposición de este recurso contra el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión de este martes por introducir «cambios en materia universitaria que afectan directamente a las competencias» de las comunidades en este ámbito.

«Desde la Junta de Extremadura no estamos de acuerdo ni con el procedimiento que se ha seguido ni con el contenido de la norma», ha aseverado Manzano.

Así, ha criticado que dicho decreto se haya tramitado por el trámite de urgencia «sin necesidad alguna de llevarlo a efecto» y no se hayan atendido ninguna de las alegaciones formuladas por las comunidades autónomas, que «son las que conocen, las que gestionan y las que tienen las competencias en materia universitaria».

«Con esta modificación, se supone que es para incrementar la calidad de las instituciones universitarias, pero las modificaciones van a provocar justo lo contrario, la limitación de su implantación y no van a conseguir nada de lo que pretenden», ha recalcado.

A preguntas de los medios, Manzano ha criticado que las condiciones para la implementación de universidades en España se endurecen por la visión «sectaria» del Gobierno central de cara a limitar su implantación, lo que afectaría a Extremadura «tanto por el número de alumnos que exige para la posible implantación de estas universidades que es muy elevado, supera los 4.000, como también para el número de doctores que tienen que estar al frente de las mismas».

De este modo, en el recurso se solicita, entre otros aspectos, la eliminación de la obligación de la obtención previa del informe favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria para la creación, adquisición y adquisición de facultades, escuelas y centros por las universidades de las comunidades autónomas.

«Si nosotros somos los competentes en esta materia, ¿por qué tenemos que recabar esa información, ese informe favorable, esa documentación de órganos externos, cuando, además existen otras instituciones como la ANECA que velan porque esos grados tengan el nivel de calidad que exigen?», se ha preguntado.

«Hay una extralimitación competencial muy clara de ese decreto en la autonomía de nuestra comunidad autónoma, en la competencia de nuestra comunidad autónoma, a la hora de regular esta materia, y nosotros iniciamos este trámite judicial y esperamos que se resuelva, por supuesto, a favor de nuestra región», ha señalado.