Ex altos cargos de la Comunidad declaran este lunes como investigados por los protocolos de no derivación en residencias

Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño Carbonell deberán acudir al juzgado

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados este lunes día 26 a las 12.30 horas a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid –Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo– durante la pandemia de Covid-19, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Europa Press.

Mur era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19.

Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.

También acudirá el ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño Carbonell, según ha adelantado el diario ‘El País’. Fue el autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional que, según las familias que impulsaron una denuncia colectiva, «incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo»

Se reabre así a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes, según ha informado la asociación 7.291 Verdad y Justicia en un comunicado.

El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Durante los últimos meses, varios familiares de fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en la primera ola de Covid-19 han acudido a declarar ante la Fiscalía para relatar lo ocurrido.

Ambas asociaciones han celebrado que los altos cargos del Gobierno regional sean llamados a declarar por primera vez como investigados, ya que, hasta ahora, «las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos».

«Estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo. Por eso, aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que la cuenten y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes», han expresado las dos entidades en un comunicado conjunto.

El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva efectuada en octubre entre la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes, y las del Área de Móstoles (28), de Getafe-Leganés (15) y de Alcalá de Henares (13).

De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación judicial y la Fiscalía Provincial presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados correspondientes, según han informado las asociaciones.

En cuanto a los 48 procedimientos con querella previa, la Fiscalía Provincial solicitó en todos los casos que declarasen como investigados los «autores intelectuales y los firmantes del protocolo, ya identificados en la denuncia», en referencia a Mur, firmante de dicho protocolo de no derivación, y a Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al de Mur, según han detallado ambas entidades.

El Juzgado 3 de Madrid es el primero que decide reabrir una causa sobreseída previamente, tal y como solicitó la Fiscalía Provincial. Una decena de juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del Ministerio Público. En todos estos casos, los denunciantes han presentado recursos, al igual que la Fiscalía. El resto de juzgados todavía tiene que pronunciarse.

Además de los procedimientos que tienen su origen en la denuncia colectiva, otros familiares de residentes acordaron presentar directamente querellas en los juzgados, también por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.

En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados.

Las asociaciones mencionadas han realizado varios actos de homenaje y de protesta durante los últimos meses, cuando se cumplen cinco años de la primera ola de la pandemia de covid-19, para mantener sus reivindicaciones. Además, también se estrenó el documental ‘7.291’, en el que se narra lo ocurrido en marzo y abril de 2020.