ERC pide en el Congreso una oficina independiente para investigar las agresiones policiales y otras actuaciones graves

Exige publicar datos sobre uso de la fuerza, revisar identificaciones por raza y desbloquear la reforma de la ‘ley mordaza’

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir la creación de una oficina independiente que supervise la labor de los policías y guardias civiles y el diseño de un protocolo que permita investigar de forma externa las actuaciones policiales más graves y sensibles.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, se insta al Gobierno a impulsar, en el plazo máximo de seis meses, un informe para crear esa autoridad u oficina independiente de supervisión de la conducta policial, los criterios y principios sobre el uso de la fuerza tomando como referencia las mejores prácticas internacionales y, en particular, los modelos existentes en otros países europeos.

ERC también pide presentar una propuesta normativa para crear un mecanismo de control, transparencia y fiscalización externo, independiente y especializado de investigación de las actuaciones policiales más graves o sensibles, especialmente aquellas que impliquen muerte, lesiones relevantes, denuncias por tortura o malos tratos, indicios de discriminación, uso de material antidisturbios, actuaciones en contextos de protesta social o posible vulneración del derecho de reunión y manifestación.

Ese mecanismo, según explican, debería servir también para prevenir y erradicar la selectividad policial y las identificaciones por perfil étnico-racial, y contar con autonomía funcional, medios suficientes, capacidad de acceso a la información necesaria y garantías de independencia respecto de los cuerpos investigados y de los órganos políticos de los que dependen.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El texto de la formación independentista plantea además reforzar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza y de las herramientas policiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), mediante la publicación periódica de datos agregados y desagregados sobre quejas ciudadanas, protocolos e instrucciones de armas, expedientes disciplinarios, investigaciones internas, sanciones impuestas, uso de material antidisturbios, lesiones producidas en intervenciones policiales y actuaciones en manifestaciones o concentraciones.

Asimismo, ERC pide revisar los protocolos de identificación visible de los agentes que intervienen en dispositivos de orden público y, en su caso, regular sus incumplimientos por la vía disciplinaria.

En la exposición de motivos, ERC sostiene que la actuación de las FCSE debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, mínima intervención y respeto estricto a los derechos fundamentales.

CONTEXTO DE PROTESTAS Y USO DE LA FUERZA

Unos principios especialmente exigibles en contextos de ejercicio del derecho de reunión y manifestación, en los que, según señalan, la función policial no puede concebirse únicamente desde la lógica del orden público, «sino también como una garantía activa del ejercicio seguro de los derechos constitucionales». Y mencionan las cargas policiales durante las protestas estudiantiles en Valencia y la agresión policial a una docente.

ERC considera que estos hechos no pueden abordarse únicamente como episodios aislados, sino que «ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia, evaluación externa y control democrático sobre las actuaciones policiales».

La proposición señala que el sistema actual de investigación de quejas o denuncias por actuaciones policiales descansa fundamentalmente en mecanismos internos de los propios Cuerpos policiales, la vía disciplinaria, la intervención judicial cuando procede y la supervisión general de instituciones como el Defensor del Pueblo.

Sin perjuicio de la importancia de estos instrumentos, ERC apunta que la experiencia comparada demuestra que las democracias avanzadas tienden a incorporar mecanismos externos, independientes y especializados de supervisión de la conducta policial, citando el Independent Office for Police Conduct del Reino Unido como autoridad independiente específica.

Además, la formación independentista insta a desbloquear en el Congreso la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, una norma que «ha sido ampliamente cuestionada por su impacto sobre los derechos de reunión, manifestación, información y libertad de expresión, así como por el margen sancionador que otorga a la Administración en contextos de protesta social».