El TS escucha este viernes a periodistas que dicen que sabían antes que García Ortiz que González Amador quería pactar

El magistrado Ángel Hurtado les tomará declaración en calidad de testigos y a petición del fiscal general

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado tomará declaración como testigos este viernes a cuatro periodistas de ‘El País’ que aseguran que sabían que Alberto González Amador –pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– tenía intención de reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía antes de que tuviera conocimiento de ello el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Los cuatro testigos acudirán al alto tribunal, a partir de las 10.00 horas, a petición de la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigados por el presunto delito de revelación de secretos que habrían cometido contra el novio de Díaz Ayuso.

Los servicios jurídicos del Estado reclamaron su citación tras haber aportado al procedimiento un acta notarial que «recoge y autentifica el contenido de los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos intercambiados por» dichos periodistas con el abogado Carlos Neira, quien envió el 2 de febrero de 2024 el correo en el que ofrece que González Amador reconozca dos delitos a cambio de un pacto con la Fiscalía. Se trata del correo electrónico por el que está investigado el fiscal general.

Las conversaciones recogidas en dicha acta notarial también fueron incluidas en una noticia publicada por ‘El País’ el pasado 20 de enero: «Las pruebas de un ‘secreto’ difundido al menos 31 horas antes de que lo reclamara el fiscal general».

En ese texto, los periodistas relataron que tenían conocimiento del acuerdo de conformidad que proponía la defensa de González Amador antes de que el fiscal general reclamara dicha información a sus subordinados con la intención de desmontar la noticia de ‘El Mundo’ que decía que había sido la Fiscalía quien había ofrecido el pacto. Los de ‘El País’ aseguraron también que se habían enterado por fuentes fiscales vinculadas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Audiencia de Madrid; no por la Fiscalía General.

Para la Abogacía del Estado, el acta notarial es «especialmente relevante para acreditar que la información relativa a la voluntad de reconocimiento de los presuntos delitos fiscales» por parte de González Amador y su abogado «era ya conocida por diversos profesionales de la información con anterioridad a cualquier intervención o conocimiento por parte» del fiscal general del Estado.

Cabe recordar que la Abogacía ya había pedido la declaración de varios periodistas y que el magistrado denegó dicha diligencia. De hecho, la Sala de Apelación del alto tribunal luego avaló la decisión de Hurtado al considerar que los periodistas se limitaron a cumplir con «su misión informativa». «Están protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes, nada pueden aportar por el momento», dijo.

No obstante, la defensa del fiscal general insistió en pedir que se les citase por «la aparición de nuevos elementos de convicción» –es decir, los mensajes recogidos en el acta notarial– que no estaban «disponibles» la primera vez que pidió que se les llamara a declarar.

Esta vez, el magistrado ha accedido al considerar que «no se le ha de privar» a la Abogacía de que ejerza el derecho a la defensa con la declaración que solicita. Hurtado, además, ha reconocido que «los mensajes que se recogen en el acta» notarial de los periodistas «parecen estar en la idea de buscar una comunicación con el Sr. Neira (…)».

Se espera que estas sean una de las últimas pesquisas que se celebren en la causa que comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La investigación se centró en un principio en la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto.

Cuando el caso saltó al Supremo el pasado octubre, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa.

No obstante, en los meses transcurridos desde que el TS encausara a García Ortiz, los hechos investigados se han ido ampliando hasta abarcar otra vez el citado comunicado y las presuntas filtraciones de las propias pesquisas contra González Amador y del correo electrónico que su defensa envió el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.