El Tribunal de Cuentas alerta de «la situación financiera» de Casa Árabe y afea a Exteriores su falta de y supervisión

Plantea al Ministerio realizar «un estudio de viabilidad riguroso» y plantearse la existencia del consorcio

El Tribunal de Cuentas ha alertado de la «situación financiera crítica» a la que se enfrenta Casa Árabe, que pone en cuestión la viabilidad de este instrumento de diplomacia pública, al tiempo que ha afeado al Ministerio de Asuntos Exteriores, al que está adscrita esta entidad, su falta de asistencia y supervisión y alertado sobre toda una serie de «debilidades y deficiencias».

Así consta en su Informe de fiscalización del Consorcio Casa Árabe correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, durante los que estuvo al frente de esta entidad Irene Lozano, ex diputada por el PSOE y quien ayudó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a elaborar su ‘Manual de Resistencia’.

El Consorcio Casa Árabe es una entidad pública de carácter interadministrativo constituido en 2006 por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, así como los Ayuntamientos de Córdoba y Madrid, donde cuenta con sendas sedes, con el objetivo de crear relaciones de mutuo beneficio entre el mundo árabe y España.

Tras analizar su gestión económico-financiera, su organización interna y el desarrollo de sus actividades como instrumento de diplomacia pública del Estado en el marco de la Red de Casas, el Tribunal de Cuentas concluye que «la entidad se encuentra en una situación financiera crítica que afecta a su viabilidad, debido a los déficits anuales continuados y a las importantes deficiencias del inmueble de Madrid, lo que obliga a adoptar medidas urgentes para solventarlo».

Según detalla, se han producido resultados negativos recurrentes, cercanos al millón de euros anual, con gastos de gestión ordinaria de 3,2 millones de euros en 2023 y 3,3 millones de euros en 2024, que han sido compensados mediante el uso del remanente de tesorería.

Teniendo en cuenta las «importantes deficiencias en las cubiertas, tejado, humedades y sistema de climatización» que presenta su sede en Madrid, se alerta de que «si se hubiera de afrontar alguno de los gastos urgentes por dichas deficiencias, el remanente se agotaría en 2026».

Además, «carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno, habiéndose observado debilidades y deficiencias relacionadas con la organización del personal, instrucciones, procedimientos y manuales internos de gestión económico-financiera, así como en el sistema de gestión y archivo documental», según el informe, consultado por Europa Press.

Su sistema de control interno «presenta carencias y debilidades que impiden evaluar adecuadamente los riesgos e inciden negativamente en la gestión», denuncia el documento.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas afea que «no cuenta con un sistema de planificación por objetivos que reúna los requisitos legalmente prescritos y que permita efectuar un control de eficacia, ni ha recibido la dirección, asistencia y supervisión en la materia por parte del Ministerio, a pesar estar encuadrado como instrumento de diplomacia pública».

Igualmente, se ha constatado que «la planificación con la que cuenta no cumple con los requisitos del sistema que debería permitir ejercer el control de eficacia de su actividad» y tampoco se conoce «el grado de consecución de los objetivos pretendidos y su vinculación con los fines del consorcio» de las actividades realizadas.

Por otra parte, en materia de personal, Casa Árabe «carece de un instrumento formal en el que se establezca una relación de puestos de trabajo» y tampoco dispone de procedimientos para la provisión de vacantes y la selección del personal, «siendo ello fuente de numerosas deficiencias e irregularidades en la cobertura de puestos».

Así las cosas, el Tribunal de Cuentas hace una serie de recomendaciones, tanto al Ministerio de Exteriores como al consorcio en general. Al primero, «en cuanto que principal administración financiadora» y como encargado de su control de eficacia, le plantea la realización de «un estudio de viabilidad riguroso en el que se planteen todas las actividades realizadas y la oportunidad de las mismas, e incluso la propia existencia del consorcio a la vista de su verdadera repercusión en la función de participación en la diplomacia pública que motivó su creación».

«Dicho estudio y los que pudieran aportar las administraciones consorciadas», es decir, ambos ayuntamientos y comunidades autónomas, «debería ser analizado por el Consejo Rector para adoptar las decisiones correspondientes».

Por lo que se refiere al consorcio, entre otras cosas, la pide que solvente «las debilidades de control interno detectadas, mediante la aprobación e implantación de manuales en las distintas áreas de la gestión económica, y fortalecimiento del sistema de gestión y archivo documental» así como la elaboración de «un catálogo de puestos de trabajo completo con definición de funciones, cualificación y retribuciones».

Asimismo, por lo que se refiere a los problemas de financiación, sugiere que se intensifique «la búsqueda de patrocinios y colaboraciones en el entorno del mundo árabe: legaciones diplomáticas, empresas y entidades culturales y de otro tipo, que en definitiva se benefician también directa o indirectamente de las actividades del consorcio».

En otro orden de cosas, el Tribunal de Cuentas valora «positivamente» en su informe «la actitud mantenida por la actual dirección» del consorcio, que encabeza desde el pasado mes de febrero el diplomático Miguel Moro, «con objeto de solventar algunas de las deficiencias señaladas que necesariamente deben ser asumidas e impulsadas por las administraciones consorciadas y singularmente por el Ministerio de adscripción que ejerce su supervisión y control».