El Tratado de Alta Mar entra hoy en vigor con 83 ratificaciones y Corriente de Canarias como posible área protegida

ONG piden que los gobiernos se impliquen ahora de áreas marinas: «Hay que proteger áreas oceánicas más grandes que continentes enteros»

El Tratado de los Océanos (también conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ por sus siglas en inglés) entrará este sábado 17 de enero en vigor tras reunir 83 ratificaciones –23 más que el mínimo requerido– y 145 firmas. Uno de los resultados más esperados de este acuerdo internacional será la creación de una red mundial de Áreas Marinas Protegidas de Alta Mar, entre las que podría estar la Corriente de las Islas Canarias de la costa de África Occidental en la zona atlántica.

Este tratado, sobre el que se comenzó a hablar en 2004, busca preservar y garantizar un uso sostenible de dos tercios de los océanos. Se basa en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero refuerza el marco legal para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, según la propia ONU. Aporta así un marco para la cooperación entre los países y otros actores que será «crucial» para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible y del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal.

El pacto aspira a «un reparto justo de los beneficios de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos (…) en beneficio de toda la Humanidad». Además prevé la creación de zonas protegidas para preservar hábitats vitales, especies protegidas y fondos marinos o la necesidad de evaluar el impacto de actividades económicas. A su vez, busca crear un marco legal internacional para evaluar el impacto de actividades en alta mar y sus consecuencias para el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros impactos.

Asimismo, quiere facilitar la cooperación y la transferencia de tecnología marina para ayudar a las Partes, en particular a los países en vías de desarrollo, a que cumplan los objetivos del acuerdo. De forma paralela, recoge también una base para financiar las medidas previstas y un mecanismo para resolver disputas.

Una de las organizaciones que más se ha movilizado a favor del tratado ha sido la High Seas Alliance. Su coordinadora regional para Asia, Reza Sakharjahukos, ha explicado durante una rueda de prensa esta semana que varias de las obligaciones recogidas en el tratado entrarán en vigor de inmediato el día 17.

Por ejemplo, los Estados que formen parte del acuerdo tendrán que realizar tendrán la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental si existe alguna actividad planificada en zonas fuera de la jurisdicción nacional o cualquier actividad dentro de la jurisdicción nacional que tenga un impacto significativo en alta mar.

A su vez, también tendrán que adoptar las medidas políticas necesarias para garantizar la notificación, la presentación de informes y la distribución oportuna de los beneficios derivados de cualquier actividad relacionada con los recursos genéticos marinos. Además, promoverán la cooperación internacional en la investigación científica marina a través del desarrollo y la transferencia de tecnología marina.

«Si bien algunas de estas obligaciones dependen de la puesta en funcionamiento de instituciones o comités en el marco de la BBNJ y de mecanismos como la sectorialización y el intercambio de información, no todas lo son. Un buen ejemplo es la cooperación. Existen numerosos ejemplos prácticos que demuestran que, en virtud de esta disposición, las partes de la BBNJ ya podrían tomar medidas a partir de ahora», ha explicado.

Tras la puesta en marcha del texto, los países deben celebrar la primera Conferencia de Partes del tratado antes del 17 de enero de 2027, algo que harán en Nueva York (EEUU). Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han puesto la vista en el futuro y han instado a los gobiernos a actuar ahora que el acuerdo internacional va a entrar en vigor e implicarse en la designación de áreas marinas protegidas.

Según Greenpeace, pasar del «1%» de áreas de alta mar protegidas en la actualidad al 30% en cuatro años «requerirá que los gobiernos protejan áreas oceánicas más grandes que continentes enteros y que lo hagan más rápido que cualquier esfuerzo de conservación en la historia».

«No podemos confiar en que los grandes actores de la industria pesquera prioricen la protección del océano y dejen de explotarlo con fines de lucro por iniciativa propia; necesitamos que los gobiernos les obliguen a hacerlo», ha recalcado la responsable de la campaña de Océanos de la ONG, Ana Pascual.

En lo que respecta a España, la organización ha opinado que es el momento de que el Gobierno «reafirme su compromiso con la protección de los océanos, liderando propuestas para la designación de los primeros santuarios marinos en aguas internacionales».

De forma más concreta, SEO/BirdLife ha incidido en que su objetivo ahora es «implicar a gobiernos, administraciones, sectores económicos y otros actores para informar y abogar por la designación y gestión eficaz de nuevas áreas marinas protegidas en alta mar vitales para las poblaciones de diferentes especies de mamíferos marinos, tortugas marinas o peces y, por supuesto, de aves marinas, asegurando la conectividad de sus rutas migratorias».

En lo que respecta a España, ha admitido que sería viable que el país llegara a proteger el 30% de su superficie marina para 2030. Sin embargo, ha puntualizado que para que estas figuras de protección sean realmente efectivas, es necesario que se implementen los planes de gestión que regulen diferentes actividades que pueden afectar a su conservación.

«Por el momento, solo unos pocos espacios marinos costeros de ámbito autonómico, y el monte submarino de «El Cachucho» en el Cantábrico, cuentan con planes de gestión aprobados. Para SEO/BirdLife este impulso internacional por la conservación de los espacios marinos, debe servir para que España avance en la ambición y dé el paso de trabajar desde la gestión para que España cumpla con los deberes», ha incidido.

Desde WWF instan a gobiernos y empresas a colaborar con el objetivo de poner en marcha de forma eficaz el tratado y animal a los países que aún no lo hayan hecho a sumarse a él.

«Ha llegado el momento de que todos los Estados y usuarios de los océanos colaboren de verdad para protegerlos: solo si situamos la salud de los océanos en el centro de la pesca, el transporte marítimo y otros usos, se conservará la vida marina y los servicios ecosistémicos para las generaciones futuras», ha subrayado la experta en gobernanza y políticas oceánicas globales de la ONG, Jessica Battle.