El Senado empieza a tramitar una reforma del PP para endurecer el acceso a beneficios penitenciarios de los terroristas

MADRID 26 Nov. –

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la toma en consideración de la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, impulsada por el PP, que endurece el acceso a los beneficios penitenciarios de los condenados por terrorismo, exigiendo explícitamente la colaboración con las autoridades policiales y judiciales e introduciendo que para la progresión al primer o segundo grado de los presos se tengan en cuenta los mismos parámetros que para el tercer grado.

Para ello, el PP propone modificar el apartado 6 del artículo 72 de la mencionada norma y derogar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, en el que se especifican las líneas que rigen el principio de flexibilidad para los presos.

Así, el acceso al primer y segundo grado quedaría supeditado a los mismos supuestos que se exigen para el tercero: perdón a las víctimas, signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas y colaboración con las autoridades policiales y judiciales en el esclarecimiento de los delitos pendientes de resolver.

Con todo, los ‘populares’ también incorporan un nuevo apartado, el 7, al artículo 72, con el que manifiestan que estas medidas tendrán que contar con la autorización del juez de vigilancia penitenciaria con carácter previo y no posterior, como ocurre ahora.

En el texto que acompaña la proposición, el PP argumenta que existe una «estrategia política» del actual Ejecutivo basada en «la necesidad de contar el apoyo de Bildu», lo que implica «otorgar beneficios penitenciarios a presos de ETA» con el «acercamiento masivo» a las cárceles del norte de España.

Los ‘populares’ critican también que la progresión de grado se «disfraza» bajo «una apariencia de legalidad y tratamiento individualizado» utilizando «vacíos legales» o «realizando interpretaciones favorables a dichos presos».

También argumentan que la progresión del primer al segundo grado recogida en la norma actual es «ambigua», puesto que «sólo se exige la premisa de la aceptación de la legalidad penitenciaria. Ello está permitiendo «la obtención de beneficios penitenciarios, en especial el traslado a prisiones cercanas a su domicilio», sin que «sea necesario ni perdón a las víctimas ni la colaboración con las autoridades policiales y judiciales competentes», arguye el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.