El PSOE rechaza que documentos legalizados por el Frente Polisario sirvan para solicitar la nacionalidad española

Sumar enmienda su propia ley para que puedan optar a ser españoles los saharauis nacidos hasta agosto de 1977, ampliando el plazo

El PSOE ha enmendado la ley impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo la administración española con el objetivo de que no puedan optar a esta nacionalización quienes presenten documentos legalizados por el Frente Polisario, al tratarse de una entidad privada no reconocida por Marruecos.

Esta se una de las sugerencias que plantea el partido mayoritario del Gobierno de coalición a una norma de su socio que intentó evitar que el Congreso tramitara. Fue el pasado 25 de febrero cuando el Pleno la admitió a trámite con los únicos votos en contra del PSOE y la abstención Vox.

A través de sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas quieren perfilar «adecuadamente» los documentos acreditativos que deben presentar los solicitantes para, según dicen, garantizar una «mayor seguridad jurídica».

Esto pasa, entre otras cosas, por eliminar aquellos documentos expedidos por el Frente Polisario, ya que, como bien avanzaron durante el debate de la toma en consideración no ven pertinente que una entidad privada como el Frente Polisario, no reconocida por Marruecos, certifique la documentación necesaria para la nacionalidad.

Para ello los socialistas proponen que todos los documentos que se utilicen para acreditar el nacimiento bajo la administración española del Sáhara estén «debidamente legalizados» y plantean eliminar, por tanto, los expedidos por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizados por la Representación del Frente Polisario en España, como pretende la norma de Sumar.

Por contra, Sumar y otros socios habituales del Gobierno como ERC y Bildu quieren aprovechar la tramitación de la norma para ampliar los documentos con los que los solicitantes pueden acreditar su nacimiento durante la colonia española y también las fechas para beneficiarse de la ley.

En el texto original, el grupo plurinacional abogaba por conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos antes del 26 de febrero de 1976, fecha en la que el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas comunicó que el Gobierno español daba por terminada definitivamente su presencia en el territorio.

Sin embargo, ahora, abogan por ampliar ese plazo hasta el 11 de agosto de 1977 puesto que es la fecha que se fijó en un real decreto de la época para que los nacidos bajo mandato español pudieran optar por la nacionalidad española.

En lo relativo a los documentos probatorios, originariamente Sumar proponía que los solicitantes aportasen un DNI verificable por la Policía (aunque esté caducado), un certificado de inscripción en el censo para el referéndum sobre el Sáhara Occidental expedido por Naciones Unidas o uno de nacimiento expedido por autoridades saharauis de campos de refugiados en Tinduf y legalizado por la representación del Frente Polisario en España.

También consideraban válidas para esa solicitud partidas de nacimiento o libros de familia expedidos por la administración española u otros documentos expedidos por la misma que recojan el nacimiento en el Sáhara Occidental antes de la citada fecha.

Ahora, tanto Sumar como ERC y Bildu proponen ampliar ese listado para incluir los certificados de escolarización; las pensiones de jubilación; el permiso de conducir español o certificados de hospitalización y asistencia médica como documentos también válidos a la hora de hacer la solicitud.

Las formación independentista catalana y la vasca también abogan por ampliar el plazo que tienen los interesados para solicitar lo recogido en la norma, pasando de dos a tres años y que además, aquellos saharauis que soliciten la nacionalidad española no tengan que renunciar a su nacionalidad anterior.

Mientras tanto, el PP a través de las enmiendas presentadas busca reducir la norma impulsada por Sumar a un único artículo y dos disposiciones finales, frente a los dos artículos, una disposición adicional y cinco disposiciones finales que se proponen en el texto original.

Ya que abogan por llevar a cabo esta medida como una modificación del artículo 22 del Código Civil que regula la adquisición de la nacionalidad española para incluir a los saharauis entre el resto de ex colonias españolas como los países iberoamericanos, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.