El PSOE pide investigar el «bibliocausto» franquista y reconocer a los libreros y editores represaliados

MADRID 4 May. –

El PSOE quiere que el Pleno del Congreso condene el denominado «bibliocausto» franquista, la quema de libros llevada a cabo durante la Guerra Civil por ser considerados subversivos por los sublevados, que estos episodios se investiguen y enseñen en las escuelas y que se reconozca el compromiso con la cultura de las personas responsables de librerías, bibliotecas y editoriales que fueron represaliadas.

Con este objetivo, y en el marco de la conmemoración el próximo mes de noviembre de los 50 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco, los socialistas han registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja.

Los socialistas recuerdan que, tras el golpe de Estado de 1936 y hasta el fin de la Guerra Civil, en España se produjeron quemas públicas de libros como las que habían tenido lugar tres años antes en Alemania alentadas por los nazis.

La investigación sobre la destrucción del patrimonio bibliográfico es complicada porque el régimen franquista se encargó de borrar este «capítulo negro de la historia», por ello, el PSOE considera fundamental impulsarla.

Según explican en su iniciativa, recogida por Europa Press, desde los primeros días del golpe militar los sublevados se centraron en la incautación y destrucción de libros y la depuración de bibliotecas públicas y privadas, y muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados.

Con el objetivo de «limpiar y purificar el país de las ideas subversivas», además de eliminar y recluir a quienes las publicaban o profesaban, la Falange y el ejército franquista, no solo protagonizaron acciones de quemas de libros, sino que alentaron a sus seguidores a que las hicieran, como queda plasmado en los periódicos franquistas.

La primera gran quema pública documentada se produjo en A Coruña, el 19 de agosto de 1936, donde ardieron más de 1.000 libros de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez, junto a la biblioteca personal del diputado de Izquierda Republicana y presidente del Consejo, Santiago Casares Ouiroga. Además, se asaltó la editorial gallega Nós y su director, Anxel Gasol, fue fusilado.

A medida que avanzaba la guerra, se fueron dictando decretos y bandos que obligaban a entregar o requisar los libros considerados prohibidos. Así pasó en Sevilla, donde Queipo de Llano dio 48 horas a la población para que entregase sus libros y habilitó a falangistas para recorrer librerías y editoriales para requisar todo el material considerado «pornográfico, marxista, ácrata y disolvente».

También hubo hogueras en localidades pequeñas donde ardieron los fondos de bibliotecas municipales, de Casas del Pueblo, ateneos o sedes sindicales, mientras que la primera biblioteca universitaria purgada fue la de Valladolid en 1937 y luego la de Santiago de Compostela. Las últimas quemas se produjeron en 1939, tras la caída de Madrid, donde con motivo del Día del Libro el Sindicato Español Universitario (SEU) convocó un acto en el que jóvenes estudiantes, brazo en alto, quemaron distintos ejemplares.

Además, las comisiones depuradoras clasificaban los fondos de bibliotecas y salas de lecturas y, los libros que no eran destruidos permanecerían guardados en espacios restringidos denominados «infiernos», que no fueron abiertos hasta 1975.

Entre los libreros y bibliotecarios que pagaron con la vida su compromiso con la cultura, el PSOE menciona a Miguel d’lom de Ceuta; Rogelio Luque, de Córdoba; la maestra de Zaragoza Pilar Salvo, responsable de una biblioteca infantil; la pedagoga y bibliotecaria, Juana María Capdeviele.

Los profesionales que habían permanecido en la zona gubernamental fueron sancionados a posteriori, como ocurrió con la autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, María Moliner; o con Carmen Caamaño, que fue separada del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas.