El PSOE admite que pagó más de 15.600 euros a Leire Díez como periodista pero niega que tuviera cargo en el partido

MADRID 31 Dic. –

El PSOE ha remitido una documentación al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid en la que reconoce un pago total de 15.612,04 euros brutos a la exmilitante socialista Leire Díez por sus servicios al PSOE de Cantabria como periodista durante el año 2017.

No obstante, el PSOE asegura en la documentación, avanzada por ABC y a la que ha tenido acceso Europa Press, que Díez «no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido, si bien ha sido concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista en ese municipio».

Los documentos reflejan que Díez fue dada de alta como militante socialista el 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Vizcaya) y más tarde en la agrupación de Vega de Pas y causando baja el 4 de junio de 2025.

El juez reclamó al PSOE que informara de si Díez «es o ha sido afiliada al PSOE y, en tal caso, fecha de alta y cese como afiliada», así como si cuando estuvo afiliada, en su caso, «desempeñó alguna actividad en el seno del partido y si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad».

Asimismo, solicitó a la Comisaría General de Policía Científica que mejore el audio de la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa sobre su reunión con Díez, indicando que «en caso de no ser posible técnicamente se proceda a su transcripción».

En relación a la grabación de la reunión con el imputado en un caso de hidrocarburos Alejandro Hamlyn, también pidió que «se determine técnicamente si pudo ser efectuada por uno de los asistentes a la reunión o por un tercero extraño».

La Guardia Civil detuvo el pasado 10 de diciembre a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes actuaron por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

Díez también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. De hecho, el magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez instructor considera que la exmilitante y exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Díez declaró el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores.

Además, durante su declaración como imputada hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 dio el salto a la empresa pública, cuando empezó en la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), perteneciente a la SEPI y donde, tras un «previo proceso de selección», se incorporó como «técnico de comunicación». En Enusa estuvo hasta 2021, cuando –según dijo– se fue con una excedencia voluntaria porque vio una oferta de trabajo en Correos como jefa de Relaciones Institucionales.

Tres días después de su detención, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña acordó dejar en libertad con medidas cautelares a Leire Díez, así como a Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso.

El juez impuso como medidas cautelares la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Hace una semana, la Audiencia Nacional acordó bloquear cuentas bancarias de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, en el marco de la investigación sobre la presunta trama de comisiones por ayudas y contratos públicos.

El bloqueo de cuentas fue adoptado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, quien lideró, porque estaba de guardia, los primeros pasos de la causa, que finalmente recayó en Pedraz después de que el asunto fuera a reparto.

Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos este mes por su presunta participación en una trama que habría cobrado 700.000 euros en comisiones «implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI» en cinco operaciones.

En la causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado «Hirurok» que «podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública».