El PP reclama en el Congreso no ceder la gestión de los funcionarios locales a Euskadi y Cataluña

MADRID, 22

El Partido Popular ha presentado en el Congreso una iniciativa para instar al Gobierno a mantener la gestión estatal de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, derogar esa «inaceptable cesión de competencias» a País Vasco y no cederla tampoco a Cataluña.

A través de una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, varios diputados del PP critican la entrada en vigor de la cesión a Euskadi de la gestión de funcionarios locales de carácter nacional como secretarios, interventores o tesoreros municipales, y recalcan que tiene que ser una «competencia exclusiva del Estado».

Esos diputados del PP consideran que esa cesión de competencias «vulnera el principio de igualdad entre territorios» y «contraviene claramente la doctrina del Tribunal Constitucional», lo que supone una «inconstitucionalidad formal».

Además, señalan que esa cesión es un nuevo «intento improcedente del Gobierno» y que la experiencia previa de gestión descentralizada de funcionarios de habilitación nacional ha evidenciado que es «ineficaz y perjudicial para el funcionamiento del sistema administrativo», provocando problemas «de coordinación».

POLITIZACIÓN DE LOS PUESTOS

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sostiene que esas políticas suponen un «desmantelamiento de la gestión centralizada» de este cuerpo de funcionarios y que la competencia exclusiva del Estado en este campo «es una salvaguarda de la profesionalidad e independencia» de quienes ocupan esos puestos.

Entre las peticiones de la proposición no de ley –iniciativa no vinculante–, el PP insta al Ejecutivo a «evitar futuras cesiones de competencias en esta materia», aludiendo al acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para la asunción del órgano presidido por Salvador Illa de las mismas funciones cedidas a Euskadi.

«La fragmentación de la escala abre la puerta a la politización de los procesos de selección y provisión de puestos, dado que la administración autonómica podría establecer criterios diferenciados que favorecieran a determinados candidatos en detrimento del principio de igualdad», avisan.