El PP propone reformar la ley para acelerar la incorporación de nuevos jueces y acusa a Bolaños de improvisación

MADRID 7 Jun. –

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el objetivo de agilizar la incorporación efectiva de nuevos jueces a la carrera judicial, en línea con una propuesta aprobada por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de marzo.

La iniciativa persigue modernizar el modelo de formación inicial de los jueces, coordinar de forma simultánea la formación teórico-práctica y las prácticas tuteladas, eliminar trámites sin valor formativo y reducir los plazos de incorporación a la carrera judicial sin merma de la calidad de la formación.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, criticó que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, haya anunciado «a bombo y platillo» la creación de centenares de plazas de jueces y fiscales cuando, según denunció, «cinco meses después de esos anuncios siguen sin hacerse realidad». El partido advierte de que el proceso selectivo no podrá concluir antes de un año y que las nuevas plazas no serán una realidad, como mínimo, hasta 2028 y en una próxima legislatura.

Gamarra subrayó que «los jueces y fiscales no aparecen por arte de magia», sino que requieren procesos selectivos, formación especializada y una planificación adecuada de recursos humanos y materiales, e indicó que las nuevas plazas deben ir aparejadas a la ampliación del número de letrados y otros funcionarios de la Administración de Justicia.

«Precipitar convocatorias sin creación de plazas ni adecuación de los procesos y tiempos para el acceso a la respectiva condición de juez y fiscal tensiona, confunde y genera inseguridad» en la carrera judicial, afirmó.

La vicesecretaria contrapuso las «soluciones concretas» del PP a las «improvisaciones» y el «caos» que, a su juicio, genera Bolaños con «anuncios que no existen» y cuyo objetivo, según acusó, es «desviar la atención sobre la corrupción que cerca al Gobierno».

«La Justicia necesita rigor, planificación y recursos suficientes, no una Ley de Ineficiencia que solo ha generado retrasos y malestar en la Administración de Justicia», concluyó.