El PP propone al Congreso un plan integral contra armas blancas que aumente los tipos prohibidos y controle más su venta

Plantea también endurecer sanciones, modificar la Ley del Menor y clarificar las detenciones por su exhibición intimidatoria

El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a diseñar «urgentemente» un plan integral de actuación frente al incremento del uso de armas blancas, que incluya revisar e incrementar los tipos prohibidos, actualizar la normativa sobre su compra o acceso y modificar el Código Penal para aumentar las penas vinculadas a su utilización.

La iniciativa plantea, en primer lugar, diseñar un plan que frene la tendencia al alza del uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia. Asimismo, propone revisar e incrementar los tipos de armas blancas prohibidas recogidas en el artículo 4.1.f) del Reglamento de Armas aprobado en 1993.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, también solicita actualizar y mejorar la normativa aplicable a la compra o acceso a armas blancas, endureciendo requisitos y controles frente a distribuidores irregulares, reforzando los mecanismos de identificación de compradores y las reglas para la intervención en plataformas online en las que es viable su compra sin verificación de edad o trazabilidad.

Además, plantea modificar los artículos 33, 35, 36, 37 y 39 de la Ley de Seguridad Ciudadana para incluir como faltas muy graves determinadas conductas relacionadas con portar, exhibir o usar armas prohibidas o de modo negligente, temerario o intimidatorio, así como establecer una progresión en las sanciones vinculada a la reincidencia en infracciones graves por tenencia y exhibición de armas blancas.

En el ámbito procesal, el PP propone modificar los artículos 492 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para establecer normas «más claras y estrictas» respecto a la detención de quienes exhiban con ánimo intimidatorio armas blancas.

En materia penal, incluye modificar el artículo 148.4 del Código Penal para introducir la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas en la conducta tipificada en dicho precepto; incrementar en el artículo 563 la pena de prisión por tenencia de armas prohibidas de la horquilla actual de uno a tres años a la de dos a cinco años; y valorar que la reiteración en la comisión de infracciones graves o muy graves y el incumplimiento de sanciones sea determinante de responsabilidad penal.

Asimismo, la proposición plantea revisar la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores para modificar los preceptos relativos a las medidas a imponer respecto a menores infractores que utilicen armas blancas y a las medidas cautelares.

En la exposición de motivos, el Grupo Popular señala que desde la pandemia el incremento de altercados y agresiones con arma blanca ha crecido «exponencialmente» en toda España y apunta a que antes, una amenaza «solía hacerse de forma verbal y ahora en el 41% de los casos se usa un arma blanca».

Añade que en 2024 se alcanzó el nivel máximo de sanciones administrativas en la Comunidad de Madrid por portar armas blancas con 4.251 multas, un 60,8% más que en 2017, y que en el conjunto de España las agresiones con arma blanca se dispararon un 35% en cuatro años.

La PNL recoge también datos sobre el incremento de decomisos y denuncias administrativas en Cataluña, el aumento de delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias en la Comunidad de Madrid y la capital, así como referencias a la necesidad de clarificar la aplicación del artículo 495 de la Lecrim tras su modificación en 2024.

Asimismo, el PP cita instrucciones del Ministerio del Interior y considera que, pese a la existencia de protocolos, la normativa «no es suficiente o no es clara».

Por último, aluden a la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, que señala que en 2024 el método más empleado en el mecanismo feminicida fue el de armas blancas en 17 ocasiones, un 34%, y sostiene que resulta «urgente atajar este desafío con la máxima contundencia» por sus efectos sobre la vida e integridad física de policías y ciudadanos.