El PP pide la comparecencia de Montero, Robles y Hereu en el Congreso por el gasto en Seguridad y Defensa

MADRID 15 Mar. –

El PP ha registrado las peticiones de comparecencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para que expliquen la planificación estratégica y la ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa en los ejercicios 2025 y 2026.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que el Gobierno tiene ya «nuevos compromisos de inversión que cumplir» en Seguridad y Defensa en 2026 mientras mantiene unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023 y sin informar al Parlamento de los cambios en las partidas presupuestarias.

Gamarra ha citado como ejemplos el envío de la fragata Cristóbal Colón al conflicto en Irán «sin consentimiento ni autorización ni explicaciones en el Congreso» y la transferencia de 1.339 millones de euros aprobada en el último Consejo de Ministros, también sin información al Parlamento, como ha subrayado el PP en un comunicado.

En concreto, el PP exige que el Gobierno detalle la capacidad industrial y tecnológica de «quienes han sido adjudicatarios de los 33.936 millones de euros que el Gobierno ya ha adjudicado en gasto en Seguridad y Defensa durante el 2025», así como los criterios de subcontratación, los mecanismos de financiación utilizados y las partidas presupuestarias afectadas para financiar los nuevos desembolsos y que «dé cuentas detalladas de la Planificación prevista para 2026».

El Partido Popular ya solicitó en noviembre la comparecencia de Robles y Hereu en el Congreso para que explicasen los procesos de adjudicación de los programas incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, así como los criterios aplicados para la concesión de préstamos directos. Según el PP, la ministra Robles ha eludido desde entonces las sesiones de control al Gobierno y ha «bloqueado» su comparecencia en la Cámara.

«En este sentido, el PP pretende garantizar que las adjudicaciones no atienden a criterios arbitrarios y, de forma muy especial, que puedan dar respuesta en plazo y forma a las necesidades reales y específicas de las Fuerzas Armadas», ha expresado el PP.