El PP pide cuentas al Gobierno por recurrir a Tragsa ante el «colapso» de la regularización: «Va a ser un coladero»

Gamarra asegura que la revisión de expedientes de regularización de migrantes no corresponde a una empresa pública sino a funcionarios

El PP ha pedido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por utilizar la empresa publica Tragsa para gestionar la regularización «masiva» de inmigrantes cuando, a su juicio, ese proceso corresponde a funcionarios. A su entender, el Ejecutivo debería «reforzar de manera estable las plantillas» en lugar de recurrir a la externalización de funciones a través de esa entidad.

«El Gobierno ha colapsado la Administración por aprobar este decreto de regularización sin aportar los medios y recursos suficientes para hacer frente a más de un millón de solicitudes que se prevé que pueda haber. Han generado un colapso y, a través del colapso, se va a provocar un coladero», ha declarado a Europa Press la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

La dirigente de PP ha señalado que «utilizar Tragsa» es la «última improvisación que se ha sacado de la chistera» el Gobierno de Sánchez y ha recalcado que «no es legal» porque «no tiene competencias para hacerlo».

«Lo están denunciando los propios funcionarios, los sindicatos, el Consejo de Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: esta revisión de expedientes debe caer sobre quienes tienen potestad pública, sobre funcionarios. No le corresponde a Tragsa», ha afirmado Gamarra.

La vicesecretaria del PP ha insistido en que esta regularización de migrantes «va a ser un coladero de delincuencia» debido a que el Gobierno «ha colapsado la Administración por aprobar este decreto sin aportar los medios y recursos suficientes»

«Por desgracia, el Gobierno ha vuelto a demostrar que su única política se basa en la improvisación y la falta de escucha, y que su única respuesta es la victimización para intentar culpar a otros de su incompetencia», ha aseverado.

Los ‘populares’ han denunciado que el Gobierno, en vez de reforzar plantillas, que actualmente, se encuentran «mermadas», haya optado por un «plan de choque» basado en la realización de horas extraordinarias, la ampliación de horarios de atención por parte de los empleados públicos y la externalización de funciones a través de entidades públicas como Tragsa, «trasladando la presión a unos servicios públicos ya tensionados».

En este punto, el PP ha denunciado el veto del Gobierno a su enmienda aprobada por el Senado en la Ley de Multirreincidencia, que iba encaminada a reforzar las plantillas para hacer frente a esta regularización.

Según el PP, el Ejecutivo vetó la enmienda alegando que la exigencia de un certificado de antecedentes penales para acceder a eventuales autorizaciones de estancia y trabajo de carácter temporal implicaría la necesidad de incorporar aproximadamente 400 nuevos funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería, «con un supuesto coste estimado cercano a 17 millones de euros».

Por eso, ha emplazado al Gobierno a explicar cómo justifica el veto a esa enmienda parlamentaria «mientras que niega que el proceso de regularización masiva que afecta potencialmente a más de un millón de personas tenga ningún impacto presupuestario». A su entender, su actuación «evidencia una contradicción difícilmente justificable».

El Grupo Popular ha registrado una batería de preguntas en el Congreso –firmadas por Gamarra y las portavoces de Justicia e Interior en la Cámara Baja, María Jesús Moro y Ana Vázquez, entre otras– en las que emplaza al Ejecutivo a aclarar qué planificación de recursos humanos ha realizado para dimensionar este proceso y cuántos efectivos adicionales de carácter estructural prevé incorporar en las brigadas de extranjería y en el conjunto de servicios afectados.

Además, el PP pide saber cuál es el coste total del plan de choque basado en horas extraordinarias, ampliaciones de jornada, refuerzos temporales y externalizaciones, y cómo se compara con el coste que habría supuesto una planificación estructural del personal.

También pregunta qué justificación ofrece el Gobierno para recurrir a la externalización de funciones mediante entidades como el Grupo Tragsa en lugar de reforzar de manera estable las plantillas.

El PP emplaza finalmente al Ejecutivo a aclarar qué evaluación ha realizado sobre el impacto de este proceso en la carga de trabajo y en la calidad del servicio en las unidades afectadas, y qué medidas piensa adoptar para «evitar el colapso operativo advertido por las organizaciones sindicales».

«¿Dispone el Gobierno de un informe de impacto sobre la capacidad operativa de las comisarías de la Policía Nacional para evitar el colapso de las unidades de extranjería y documentación ante el incremento de carga de trabajo derivado del proceso de regularización extraordinaria?», es otra de las preguntas formuladas por el PP en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press.