El PP pide a la Comisión Europea que estudie la imputación del fiscal general como «desviación del Estado de Derecho»

En una carta al comisario de Justicia, avisa que mantener a García Ortiz en su cargo «dinamita la credibilidad de la institución»

MADRID, 18

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha solicitado al comisario de Justicia, Michael McGrath, que estudie la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como «desviación del Estado de Derecho» en España. A su entender, mantenerlo en su cargo «dinamita la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de derecho en Europa».

«La desviación de poder para beneficiar a dirigentes políticos es constitutiva de prevaricación e incluso de cohecho si se demuestra que hubo contraprestaciones. Ningún cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos. No dejemos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurídicas que violan íntegramente los principios de nuestro Estado de Derecho», asegura Montserrat en la misiva que este martes ha enviado al comisario de Justicia.

La dirigente del PP relata en su misiva que España «se encuentra en un difícil momento» por la imputación del fiscal general y recalca que esto es algo «inaudito en democracia y en la UE», después de que el Tribunal Supremo le imputase por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«A pesar de estar imputado penalmente por revelación de secretos para dañar a la oposición política, se niega a renunciar en medio del clamor de asociaciones de fiscales que le piden su dimisión inmediata», remarca Montserrat.

«ELIMINACIÓN MASIVA DE MENSAJES» EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN

Asimismo, detalla al comisario europeo que durante la fase de instrucción se ha conocido «la eliminación masiva de mensajes de correo electrónico y WhatsApp por parte de García Ortiz, no una vez, sino dos veces el pasado 16 de octubre, lo que podría ser constitutivo de encubrimiento o destrucción de pruebas». Es más, cree que «demuestra un comportamiento de obstrucción a la justicia».

Montserrat destaca que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «revela que los mensajes del teléfono del fiscal general fueron borrados el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él».

«Pero aún más grave, comisario, no es tanto que un miembro de las altas instituciones del Estado en el ejercicio de su cargo sea sospechoso, sino que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, contribuya a su protección y ataque sistemáticamente la labor de los jueces», dice a McGrath en la citada carta.

Montserrat recuerda que en diciembre pasado ya pidió la intervención de la Comisión Europea, que «es competente para pedir explicaciones a los Estados que se desvían del Estado de Derecho», «porque los ataques a los jueces desde el Gobierno dañan la democracia y contribuyen a debilitar el Estado de Derecho en la UE».

Tras asegurar que «un Poder Judicial independiente es esencial», asegura que la Comisión Europea «debe emplear los mecanismos disponibles para proteger los valores fundamentales de la Unión, pues está en juego nuestra credibilidad».

AÑADE LAS «DUDAS SORBE LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL»

La portavoz del PP en Bruselas subraya que todo esto se produce en un contexto en el que su partido tiene también «serias dudas sobre las actuaciones del Tribunal Constitucional (TC) y, en especial, de su presidente, Cándido Conde Pumpido, muy cercano al Gobierno».

«Como prueba, desde su cargo, el Ejecutivo no ha perdido ninguna de las causas más ideológicas revisadas por la Corte, aunque para ello haya sido necesario excluir de forma expedita a un magistrado», asegura, para añadir que «la preocupación máxima» por la situación en la que se encuentra el TC «ha llevado al PP a presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respecto a su sentencia sobre la limitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la prórroga de su mandato.

Montserrat finaliza su misiva subrayando que la UE «se basa en valores como la justicia y el Estado de Derecho». «Si un tribunal actúa de forma arbitraria, se pone en riesgo la legalidad europea», avisa, para añadir que «la independencia del Poder Judicial implica la ausencia de presiones externas, incluidas las políticas».

«Pero detrás de todo ello está el hecho ineludible de que el Gobierno de Pedro Sánchez, mediante procedimientos parlamentarios acelerados que limitan el debate público y parlamentario, lleva a cabo reformas legales que afectan el corazón del Estado de Derecho», afirma la eurodiputada ‘popular’.

Finalmente, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo considera que «en estos momentos geoestratégicos de suma importancia para Europa, donde los populistas destruyen la imagen» de las instituciones, «es responsabilidad de todos demostrar a los ciudadanos que nadie está por encima de la ley, incluidos los políticos, fiscales o jueces del Tribunal Constitucional».