El PP forzará la próxima semana una votación en el Congreso para exigir el cese del fiscal general

Los ‘populares’ buscan que la Cámara se sume a las quejas de la presidenta del CGPJ por las «presiones» a jueces

El PP va a someter a votación la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición no de ley en la que, entre otras cosas, solicita al Gobierno que promueva el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo procesamiento ha propuesto el juez del Supremo Ángel Hurtado, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Esta petición se incluye dentro de una iniciativa que el PP registró a finales de mayo y por eso no menciona expresamente el auto de procesamiento del máximo responsable del Ministerio Público que se conoció el pasado lunes.

En concreto, los ‘populares’ quieren que el Congreso inste al Gobierno a cesar a García Ortiz «por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones», así como a promover «un modelo de elección verdaderamente independiente y profesional, que garantice la imparcialidad del Ministerio Fiscal».

Asimismo, el PP aspira a que la Cámara respalde las reiteradas advertencias de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y se sume a sus llamamientos para que el Gobierno cese «en los ataques a los jueces» y proteja «la independencia judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho».

Este mismo miércoles, Perelló ha trasladado un «apoyo» explícito a los miembros del alto tribunal y el resto de la carrera judicial «que sufren presiones» y «descalificaciones constantes» por parte de «quienes discrepan de sus decisiones». «Nunca se debería haber perdido el respeto, básico para nuestra convivencia», ha apuntado.

Con este texto, recogido por Europa Press, el PP busca también que el Congreso inste al Gobierno a derogar la Ley de Amnistía, una norma sobre la que ha empezado a deliberar ya el Tribunal Constitucional y que los ‘populares’ consideran «contraria al principio de igualdad ante la ley y a la seguridad jurídica».

Este punto dará pie al PP para sacar a colación la opinión sobre esta norma que ha trasladado la Comisión Europea al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y es que el Ejecutivo comunitario cuestiona el interés general de la Ley de Amnistía, que define como «autoamnistía» por haber sido acordada con sus beneficiarios para asegurara la investidura de Pedro Sánchez.

El PP también protesta en su iniciativa por otros pactos que el PSOE ha sellado con el independentismo catalán. En concreto, persigue que la Cámara se pronuncie contra el que prevé el traspaso de parte de las competencias de inmigración a Cataluña.

El PSOE y Junts tienen registrada desde principios de marzo en el Congreso una proposición no de ley para hacer efectiva esa delegación de competencias, pero aún no se ha sometido a su primer examen en el Pleno de la Cámara porque la negativa de Podemos a apoyarla pone en riesgo su tramitación.

En este contexto, el PP plantea que el Congreso rechace «cualquier cesión futura de competencias en materia de extranjería, control de fronteras o seguridad nacional a comunidades autónomas», en aras del respeto a «la unidad de la legislación y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional».

Otro punto de la iniciativa del partido de Alberto Núñez Feijóo emplaza al Gobierno a «respetar los derechos de la oposición» y a contestar a las preguntas que se le formulan en las sesiones de control, así como a cumplir el mandato constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado.

«Revertir la ocupación partidista de los medios públicos y garantizar su neutralidad mediante órganos de gobierno independientes y con mandatos blindados, asegurando así la libertad de prensa y el pluralismo informativo», es otra de las peticiones del PP.

El último de los siete apartados en los que se divide la proposición no de ley emplaza al Ejecutivo a «restaurar el principio de verdad en la vida pública», promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas y «combatiendo la polarización institucional desde el propio Gobierno» para fortalecer «la confianza ciudadana en las instituciones democráticas».