El PP exige endurecer el protocolo por agresiones sexuales a funcionarias de prisión y castigar el exhibicionismo

Denuncia que la respuesta administrativa es «tardía, insuficiente o inexistente»

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez endurecer el protocolo frente a las agresiones, el acoso y las violencias sexuales que sufren a diarios las funcionarias de prisión, castigando el exhibicionismo o las peticiones de relaciones sexuales.

En su iniciativa, para su debate en la Comisión de Interior, el PP expone que las trabajadores penitenciarias se enfrentan a diario a conductas de exhibicionismo, comentarios y amenazas de connotación sexual, tocamientos, intimidación e incluso agresiones consumadas, sin que las herramientas existentes resulten suficientes cuando el origen del acoso o la violencia es una persona interna.

De hecho, destaca que el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, que data de marzo de 2024, no aborda la protección de las trabajadoras penitenciarias frente a conductas perpetradas por internos.

Y esta ausencia de un protocolo específico «proyecta un mensaje de desprotección institucional» que, a juicio de los ‘populares’, «favorece la infradenuncia y genera una doble victimización».

Los de Alberto Núñez Feijóo denuncian que la respuesta administrativa ante una conducta de este tipo es «tardía, insuficiente o inexistente», lo que constituye «una forma de violencia institucional incompatible con un Estado social y democrático de derecho».

El PP sostiene que las cárceles en España no pueden convertirse en un espacio donde las mujeres trabajadoras vean debilitados sus derechos a la seguridad, integridad e igualdad, por lo que urge a aprobar un protocolo específico frente a las agresiones, el acoso y las violencias sexuales contra las funcionarias de prisiones por parte de internos que incorpore la perspectiva de género en la gestión de la seguridad penitenciaria y sitúe la protección de las mujeres en el centro de la actuación pública.

Además, los ‘populares’ instan al Ejecutivo a que dicho protocolo no se limite a la gestión posterior del incidente, sino que contenga medidas de prevención y de detección temprana, así como medidas para que los planes de prevención de agresiones como el PEAFA, incluyan las agresiones sexuales y sexistas.

También apuntan a que dicho protocolo incluya una serie de medidas de protección «inmediata» a la víctima, entre ellas la separación del agresor procediendo a su traslado o aislamiento; medidas disciplinarias, en las que se tipifique como sancionables las conductas sexistas y de violencia sexual ejercidas contra trabajadoras penitenciarias; y medidas de apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.

El PP plantea además la necesidad de designar en cada centro penitenciario a una persona responsable de la coordinación, seguimiento y comunicación con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, cuando proceda.

Por último, en su propuesta, el PP también llama a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para considerar como modalidad delictiva agravada las agresiones sexuales cometidas contra funcionarias de prisiones, así como para tipificar como delitos determinados comportamientos de naturaleza sexual que, en otros ámbitos de la vida social no tienen tal consideración, como el exhibicionismo o la solicitud de relaciones sexuales.