El Parlament insta al Ministerio de Defensa a investigar «vulneraciones de derechos» en la ‘mili’

Familiares y afectados piden que se esclarezcan los hechos

El Parlament ha instado al Ministerio de Defensa a abrir una investigación sobre presuntas «vulneraciones de derechos» en el servicio militar obligatorio, y a esclarecer los hechos y dirimir las responsabilidades que se puedan derivar, tras el documental de 3Cat ‘Et faran un home. Morts silenciades’.

Así lo expresa en un texto firmado por el portavoz de Junts, Salvador Vergés; la de ERC, Ester Capella; el de los Comuns, David Cid; y el de la CUP, Dani Cornellà, que se ha leído este miércoles en el marco del pleno de la Cámara catalana, y los integrantes del grupo de Vox han abandonado la sala antes de la lectura.

En el documento, consultado por Europa Press, se pide que, en el caso de que la investigación acredite estas vulneraciones, se estudien «medidas de reparación integral para las víctimas y sus familiares, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos».

El Parlament también manifiesta su «rechazo a la recuperación del servicio militar obligatorio en España» y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad, la justicia y la dignidad de todas las personas.

Según el texto, el documental «expone presuntas muertes, maltratos, abusos y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en cuarteles y unidades del Ejército español, en el contexto del servicio militar obligatorio, así como la necesidad de investigar estos graves hechos denunciados».

Además, la Cámara recuerda que «los Estados tienen la obligación de investigar de forma efectiva, independiente y con garantías cualquier muerte o vulneración grave de derechos humanos producida bajo custodia militar o en instituciones armadas del Estado, así como asumir responsabilidades institucionales y reparar el daño causado».

En rueda de prensa este miércoles en el Parlament, la directora del programa ‘Sense Ficció’ de 3Cat –que ha emitido el documental–, Montse Armengou, ha dicho que con este proyecto han «demostrado y puesto luz a los maltratos y abusos perpetrados en el servicio militar obligatorio durante la época democrática».

También han intervenido algunos familiares de afectados que aparecían en el documental, como Cristina Aymerich, que cree que «el Estado es el responsable» de no proteger a estos jóvenes, y reclama una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer los hechos, porque asegura que las familias quieren saber la verdad.

El periodista Vicent Partal, que sale en el documental como afectado en la ‘mili’ de 1982, ha afirmado que «lo que más choca es el silencio actual por parte del Estado y la negativa de asumir la responsabilidad de lo que pasó», y dice textualmente que es una crueldad que en un país democrático no se puede tolerar.

Francesc Robelló, familiar de un afectado, opina que es bastante sorprendente que partidos políticos sigan siendo cómplices, en sus palabras, y considera que «el silencio forma parte de este crimen» y que les gustaría poder conocer lo ocurrido.

Nacho Galán, uno de los afectados en la ‘mili’ de 1984 y que también aparece en el documental, asegura que necesitan «que el Estado reconozca estos daños y hacer todo lo posible para realizar la reparación que se pueda llevar a cabo».

Por último, la familiar de otro afectado, Berta Gómez, insiste en que «esto no va de disputas entre partidos, va de dignidad humana» y afirma que continuarán hasta que este asunto llegue a Madrid y, si hace falta, al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, asegura.