El juicio del ‘caso Mediador’ continúa este viernes con las declaraciones testificales de agentes de la Guardia Civil

Las defensas insisten en la «falta de delito» y Fiscalía incorpora al nuevas pruebas, dos testigos guardias civiles y una grabación

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá este viernes, a partir de las 9.30 horas, la segunda sesión de las tres piezas del ‘caso Mediador’, con las declaraciones testificales de distintos agentes y cuerpos de seguridad del Estado.

La Fiscalía solicita una pena de un año de prisión por un presunto delito de cohecho para los tres acusados implicados: para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, respectivamente. Esta previsto que el juicio, ante tribunal de jurado popular, se alargue por cuatro días.

Este jueves, las defensas pidieron la libre absolución de sus representados respecto a los delitos referidos, sobre todo ante la «falta de elementos» que los constituyan y la «dificultad» de que estos puedan llegar a ser probados.

El escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, relata que el empresario Bautista habría entrado en contacto con Navarro Tacoronte por sus supuestos contactos en el mundo empresarial y el ámbito público en el archipiélago, al presentarse como una persona «integrada» en el Gobierno regional, pese a saber que «carecía» de cualquier representación o responsabilidad en el Ejecutivo.

Así, Navarro se ofrecía a conseguir la celebración de contratos con entidades relevantes del mundo empresarial y prometía también acceder a la concesión de subvenciones a favor de la empresa de Bautista, aparte de formalizar «lucrativos contratos» con la administración pública, señala la Fiscalía.

Para ganarse la confianza de los empresarios, a quienes exigía «comisiones, dádivas o regalos», organizaba encuentros con personas influyentes del ámbito político o económico principalmente, caso del general de la Guardia Civil, que actuaba en connivencia con Navarro, y hacía valer que durante cuatro años fue una de las máximas autoridades del instituto armado en Canarias.

Algunas reuniones se celebraban en la Península para ganarse la confianza de Bautista y generar una «imagen de seriedad y poder» con el fin de que tuviera la convicción de que «accediendo a las exigencias, pagos — el primero el 31 de agosto de 2022, con hasta 2.000 euros en un primer importe– y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas».

Estos encuentros se desarrollaban normalmente en restaurantes donde el empresario «siempre asumía el pago de los gastos», subraya la Fiscalía, hasta el punto de que empezó a realizar los primeros regalos al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, y también al mediador, lo mismo que diferentes viajes.

Durante la sesión judicial de este jueves, la defensa del exgeneral Espinosa insistió, en concreto, en la desvinculación de su cliente de la función pública en el momento de los hechos ahora juzgados, desde 2017, quedando a partir de entonces en situación de «servicios especiales» con el proyecto GAR-SI Sahel, una entidad estatal. Un argumento que ha negado la Fiscalía, que detalla que, con independencia al tipo de vínculo judícito existente con la administración, el exgeneral «siguió prestando servicio a través de una entidad pública», con fondos y fines, por tanto, «públicos».

«El fiscal pretende criminalizar una situación privada y particular, que todos vivimos en el día a día: poner en contacto a dos amigos y que estos puedan ser recomendados profesionalmente», ha insistido el letrado del ex general de la Guardia Civil que, además ha ahondado en la sesión judicial en la «inexistencia» de «delito alguno», y, «mucho menos», de corrupción. «Probaremos que los hechos no son constitutivos de ningún tipo de delito», porque «Espinosa no realizó ningún acto ilegal, no actuó como funcionario público y no utilizó su cargo en beneficio de nada ni de nadie», ha deslizado.

Así, la defensa de Antonio Bautista también ha sido taxativa en la falta de delito en las acciones ilegales –en concreto, un delito de cohecho– que se le acusan a su cliente. «Este juicio va de un empresario (Antonio Navarro Tacoronte) que cometió el error de confiar en la persona equivocada», ha señalado el letrado, que ha insistido en la falta de «elemento público» alguno que pruebe en las diferentes acciones, limitadas al «ámbito estrictamente privado».

De este modo, y ante el jurado popular, apeló a «poner en cuarentena» las acusaciones emitidas desde la Fiscalía debido a que son carentes del «más mínimo respaldo probatorio». «El señor Antonio Bautista no pagó ni un euro al señor Espinosa, y eso quedará acreditado», ha argumentado el letrado, que ha limitado los pagos realizados por su cliente a su intermediación con Navarro Tacoronte.

«El resultado comercial de todos esos contactos con empresarios fue cero», ha aseverado.

El letrado de Antonio Navarro Tacoronte ha considerado importante «abstraerse» de las acusaciones de la Fiscalía ante la lectura de un escrito «grueso», ya que los hechos de este procedimiento solo «se contraen a una cuestión: las relaciones privadas y empresariales» entre particulares. «Navarro Tacoronte es un mero particular, cuya labor profesional ha sido la de intermediar entre personas particulares a lo largo de los años, relaciones entre empresarios particulares que entablan contacto con el fin de intentar ofrecer sus servicios».

«La actividad de mi cliente es privada y particular, pone en contacto a particulares. Como consecuencia de esa actividad, evidentemente, recibe una remuneración», ha argumentado.

Al término de la sesión judicial de este jueves, que comienzó a juzgar la primera de las tres piezas del ‘Caso Mediador’, la Fiscalía incorporó al procedimiento de juicio nuevas pruebas consideradas «absolutamente pertinentes», en concreto, a dos testigos Guardias Civiles y una prueba de grabación.

Este viernes, a partir de las 9.30 horas, prosiguirá una segunda sesión de este juicio con las declaraciones testificales de distintos agentes y cuerpos de seguridad del Estado.