El Gobierno separó a última hora los decretos de pensiones y escudo social porque ve más opciones de aprobarlos

Niegan que hayan negociado con Junts para garantizar su apoyo y Podemos ha calificado de «asco» la medida sobre desahucios

El Gobierno venía afirmando en los últimos días que no tenía intención de trocear el real decreto ley que incluía la subida de las pensiones y las medidas del escudo social, aunque finalmente ha cedido aduciendo que de este modo tiene más opciones de que todas las medidas terminen convalidándose.

El plan inicial, según trasladan fuentes gubernamentales, pasaba por volver a aprobar en el Consejo de Ministros la subida de las pagas de los pensionistas y el escudo social, todo junto, y por otro lado la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables junto con el acuerdo con el PNV para dejar exentos a los propietarios de una o dos viviendas.

En el último momento, sin embargo, el Ejecutivo se decantó por aprobar en un decreto solo el aumento de pensiones, tal como le pedía el Partido Popular, que la semana pasada tumbó la medida en el Congreso –junto a PP y Junts– porque iba mezclada con otras iniciativas.

Aunque en principio se negaba a hacerlo e insistía en que los de Alberto Núñez Feijóo tendrían que explicar su negativa a los pensionistas, finalmente han cedido y esperan que esta vía facilite la aprobación de todas las medidas.

En cuanto a las pensiones, el camino es más sencillo si se consuma el apoyo del PP, que este mismo martes ha reiterado que votará a favor si se ciñe en exclusiva a esa norma.

Pero el decreto del escudo social necesita el visto bueno de la mayoría de la investidura para salir adelante, incluido Junts, aunque fuentes gubernamentales aseguran que no han hablado con ellos para garantizarse su apoyo.

La relación con los de Carles Puigdemont está oficialmente rota y en el Gobierno se esfuerzan en repetir, en público y en privado que no negocian nada con ellos. Sin embargo creen que esta medida «convence» y puede quedar convalidada cuando se someta a votación en el Congreso, en el plazo máximo de un mes.

Las fuentes consultadas aseguran que excepto Junts y Vox –con los que el Gobierno no mantiene ninguna interlocución– han hablado con todos los grupos parlamentarios. Sin embargo Podemos ya ha mostrado su rechazo a la medida sobre desahucios pactada con el PNV, que permitirá desahucios en viviendas de propietarios que tengan solo una casa en alquiler.

La secretaria general, Ione Belarra, lo ha calificado como «acuerdo criminal» y «asco absoluto», aunque todavía no ha desvelado el sentido del voto de su grupo y ha pedido analizar en profundidad el texto para tomar una decisión. No obstante ha dejado claro que lo que ha conocido hasta ahora «no le gusta».

La relación de los socialistas con Podemos ha sido complicada desde que rompieron con Sumar, aunque parecía reconducida después de que ambos pactaran la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes, ahora vuelven a chocar y dejar en el aire la capacidad del Gobierno de Sánchez para lograr una mayoría en el Congreso.