
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Educación, FP y Deportes y portavoz el Gobierno, Pilar Alegría, este martes tras el Consejo de Ministros.
Publicado 4 Mar 2025 14:00
MADRID, 4
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha contestado a las críticas lanzadas por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, contra el pacto acordado entre PSOE y Junts para delegar a Cataluña las competencias sobre inmigración y le ha recordado que el expresidente José María Aznar, también del PP, aprobó varias transferencias a esta comunidad en 1997.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, la ministra ha pedido «rigor» y «coherencia» a Feijóo, que este mismo martes ha tildado de «humillación sin precedentes» el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts.
Feijóo, además, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de «desmantelar el Estado» y prometió revertir este acuerdo para la delegación de competencias a la Generalitat en materia de inmigración, si es el próximo jefe del Ejecutivo.
La ministra reprocha que el Partido Popular considere «bueno para España» los acuerdos que alcanzó Aznar con el entonces presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, y descalifique los que firma el PSOE alertando de que «rompen España» y «atentan contra el Estado».
De este modo Saiz ha señalado que en el año 1997 Aznar firmó con Pujol el Pacto del Majestic a cambio del apoyo de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a la investidura del líder del PP.
Así, ha detallado que se traspasó a Cataluña «el 30% del IRPF, la gestión directa de puertos y la ordenación del litoral» y ha recriminado que «hasta el año pasado Aznar definía ese acuerdo como bueno para España, un acuerdo de Estado y positivo para el país», ha recriminado.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado que el Gobierno no va a ceder el control de fronteras a Cataluña con la delegación de competencias sobre inmigración, aunque la Generalitat sí podrá ejecutar o proponer expulsiones. También ha puntualizado que si otra comunidad autónomas solicitara esta delegación se estudiaría «con rigor» y ha recalcado que la norma garantiza el respeto a los derechos humanos.
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