El Gobierno intenta evitar un nuevo choque con Junts ante la inminente caída de la cesión de la inmigración

En Moncloa no esperan que Puigdemont rompa pese a las últimas advertencias

El Gobierno da por perdida la votación para la cesión a Cataluña de la gestión de la inmigración por la negativa de Podemos de apoyar una norma que considera «racista», aunque espera que no le pase factura en su relación con Junts y entiendan que los socialistas han hecho lo posible y no controlan los votos de la formación morada. En todo caso, en Moncloa no esperan una ruptura inminente de los independentistas a pesar de las advertencias de Puigdemont.

Este martes, el Pleno del Congreso decidirá si toma en consideración la proposición de ley pactada por PSOE y Junts para la delegación de competencias en inmigración, que incluye la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por parte de la Generalitat o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada en territorio nacional, entre otras medidas.

Podemos rechaza de plano esta medida al considerar que tiene «intenciones abiertamente racistas» y se refiere a la migración como «un riesgo para la convivencia». De hecho piensan que esta reclamación se produce en un contexto en el que Junts compite electoralmente con la formación Alianza Catalana de Silvia Orriols. «Para leyes racistas que no cuenten con los votos de Podemos», advirtió esta semana la líder de Podemos, Ione Belarra.

Si se cumplen los pronósticos, el Gobierno volverá a encajar una derrota parlamentaria y, lo que es más preocupante para los socialistas, no podrán cumplir un compromiso adquirido con los de Carles Puigdemont.

Junts advierte constantemente que para negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, el PSOE debe cumplir antes los compromisos adquiridos. Uno de ellos es el traspaso de las competencias migratorias que previsiblemente se verá frustrado este martes, que se suma a otras carpetas como la oficialidad del catalán que tampoco van a salir adelante en el corto plazo.

El ala socialista del Gobierno ya lo da por perdido y trata de que la derrota no le pase factura en su relación con Junts. Para ello intentan hacer ver a los independentistas que no pueden hacerse responsables del sentido del voto de Podemos, que desde el inicio de la legislatura se desmarcó de Sumar y se pasó a la oposición.

«Respondo por mis votos y si me apuras, por los de Sumar, por Podemos no», indican fuentes gubernamentales, conscientes de que la relación de Junts y los morados viene deteriorada por los cruces de acusaciones de este verano. Belarra dijo que con esta norma los Mossos empezarían a hacer «redadas racistas» y Puigdemont la acusó de «supremacismo español» y «xenofobia».

El PSOE quiere que a Junts le quede claro que han cumplido su parte y han facilitado el camino para que el traspaso de competencias se hiciese efectivo, pero consideran que no pueden hacerles responsable del sentido de voto de otra formación.

El PSOE aceptó la cesión de las competencias a Cataluña a cambio de que Junts diese su apoyo in extremis al decreto anticrisis del Gobierno a principios de 2024. Un año después, en marzo de 2025, el pacto se concretó en el paquete de delegaciones que ahora se vota en el Congreso por primera vez. En ese momento Junts exigía que Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza que terminó retirando tras el acuerdo.

El texto también contempla que los Mossos d’Esquadra gestionen junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas, para lo cual la policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta semana el independentismo sufrió otro varapalo y vio alejarse sus pretensiones de que el catalán sea oficial en las instituciones comunitarias. La norma necesita la unanimidad de los socios UE, pero países como Alemania han dejado claro que por el momento no están por la labor.

El canciller Friedrich Merz se reunió con el presidente Pedro Sánchez en Moncloa y quedó patente que Alemania no aceptará por el momento una medida que España impulsa entre los países de la Unión desde que acordó con Junts esta condición al inicio de la legislatura.

Merz incluso puso sobre la mesa una vía alternativa –que sonó a patada hacía adelante– esperar al desarrollo de la inteligencia artificial para traducir a todos los idiomas.

Puigdemont reaccionó de inmediato y convocó a la plana mayor de su partido este lunes en Bruselas donde expondrá el estado de la situación sobre la negociación de los PGE con el PSOE y el citado traspaso de competencias en inmigración.

El expresidente catalán, que continúa en Bélgica huido de la Justicia española, advirtió de que «pasarán cosas» si los socialistas no alinean sus discursos en Madrid, Cataluña y Suiza. Y esta semana en la sesión de control en el Congreso, la portavoz Miriam Nogueras puso en cuestión que Sánchez pueda seguir gobernando.

No obstante, desde Moncloa no esperan una reacción drástica de los independentistas, según trasladan fuentes gubernamentales y confían en continuar las conversaciones con ellos después de la visita del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a Puigdemont esta semana, que terminó sin acuerdo.

Consideran que tienen margen para seguir trabajando y que los independentistas continuarán con su estrategia de ir pactando paso a paso cada votación.