El Gobierno inicia el año con la promesa de un nuevo modelo de financiación y el reto de pactarlo con el PP

Hacienda espera que el sistema pueda entrar en vigor en el año 2027

El Ministerio de Hacienda arranca este año 2026 con la promesa de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica entre enero y febrero, algo que ha animado a las comunidades a volver a poner encima de la mesa los criterios que consideran que deben primar en este sistema, aunque el Gobierno insiste en alcanzar un gran consenso entre PSOE y PP.

El Gobierno central todavía no ha concretado ningún detalle sobre el nuevo modelo, solo ha trasladado su intención de combinar la multilateralidad y la bilateralidad. La última propuesta que presentó Hacienda hace cuatros se basó en la población ajustada, aunque el planteamiento finalmente no salió adelante.

Ahora, falta por determinar si Hacienda trabajará sobre este texto que remitió a las comunidades o tiene previsto otro escenario. Montero sí que ha asegurado que ninguna comunidad saldrá perjudicada y ha avanzado que en algunas figuras tributarias se va a incrementar el porcentaje de cesión a las regiones.

Según han ido adelantando las comunidades autónomas y el propio Gobierno, parece que hay cambios significativos en el nuevo modelo de financiación autonómica en el que está trabajando actualmente el Gobierno.

De hecho, el Gobierno central prevé eliminar las entregas a cuenta para los próximos años, algo de lo que principalmente se nutre el actual sistema de financiación. En este nuevo modelo también tendrá que tener cabida la singularidad catalana que pactaron el Ejecutivo central y el Gobierno de Salvador Illa.

La ministra Montero trasladó a las comunidades autónomas que su intención es presentar este modelo de financiación en los próximos meses, a lo largo del mes de enero o febrero. La idea del Gobierno central es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera exclusivo para abordar la nueva financiación autonómica.

Cabe recordar que el Gobierno tiene el 50% de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que solamente necesitaría el voto positivo de una comunidad para que saliera adelante esta propuesta en este foro multilateral.

A partir de ahí, el modelo se llevará para su aprobación por parte del Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso de los Diputados, donde requerirá de una mayoría suficiente. La idea del Gobierno es que entre en vigor en 2027 y que se pueda alcanzar un amplio consenso para que se mantenga en el tiempo, aunque Montero cree que el PP no quiere «ni siquiera discutir» el nuevo modelo.

El debate sobre el modelo de financiación autonómica siempre ha provocado diferentes puntos de vista territoriales, ya que algunas comunidades piden que se tenga en cuenta la dispersión territorial, mientras que otras apuestan por otros criterios.

En cualquier caso, la mayoría de las comunidades autónomas están reclamando que se prime la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes, con todo el gasto que eso conlleva para las arcas autonómicas.

En concreto, son ocho regiones las que están pidiendo anteponer estos criterios: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Hace unos años, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunió cuando era presidente de la Xunta de Galicia a los otros siete ‘barones’ autonómicos para aprobar una declaración en la que reclamaban tener en cuenta estos criterios, entre otras cosas.

También existen las comunidades comúnmente conocidas como ‘infrafinancidas’, que llevan varios años reclamando al Gobierno central la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitorio mientras se reforma el modelo de financiación autonómica.

Del mismo modo, esas mismas comunidades autónomas están pidiendo primar la población ajustada en el nuevo modelo de financiación: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Por su parte, las tres grandes comunidades en términos económicos –Madrid, Cataluña y Baleares– están apostando por tener en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB) regional para el nuevo modelo de financiación autonómica.

Además, Baleares y Canarias también proponen los criterios de insularidad para compensar esa situación en el sistema de financiación en el que está trabajando Hacienda.

En cualquier caso, el Gobierno insiste en que un acuerdo para el modelo de financiación autonómica tiene que conllevar un consenso entre las dos grandes formaciones nacionales, lo que obliga a poner de acuerdo a PSOE y PP.

Por ello, desde el Ejecutivo están instando a la dirección nacional del PP a consensuar una posición para la negociación de este modelo, teniendo en cuenta que sus diferentes ‘barones’ territoriales están reclamando distintos criterios.