El Gobierno expresa «máxima tranquilidad» y ve «un capítulo más» la petición de Peinado de investigar a Bolaños

Con todo, en su Ministerio admiten preocupación por cómo esto puede afectar a «la imagen de la Justicia»

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha trasladado «máxima tranquilidad» tanto del Gobierno como del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de que el juez encargado del ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, haya solicitado al Tribunal Supremo que le investigue por malversación y falso testimonio en la contratación de la asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

«Conocemos perfectamente esta instrucción y lo de hoy es un capítulo más», ha sostenido Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, expresando tanto por parte del Gobierno como del propio Bolaños «máxima tranquilidad».

La ministra portavoz se ha reafirmado en sus palabras al ser preguntada si el Gobierno confía en que el Supremo no asumirá la investigación o si cree que Bolaños podría terminar imputado. En Moncloa, se remiten a la profesionalidad del alto tribunal y confían en que «pondrá un poco de orden» en este asunto.

Entretanto, fuentes del Ministerio que encabeza Bolaños han reiterado la tranquilidad, en cuanto al fondo del asunto, si bien han admitido preocupación «por cómo esta decisión afecta a la imagen de la Justicia».

«Lo único bueno de que se filtrara la declaración en su día es que todo el mundo la pudo escuchar y puede cotejar lo que dice el ministro con lo que dice la exposición motivada», han subrayado las fuentes.

En este sentido, esgrimen que Peinado atribuye el falso testimonio de Bolaños al hecho de que el ministro dio un nombre respecto a la persona que hizo el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez y esa persona negó serlo, pero en realidad le preguntó por quién era la persona que supervisaba a dicha trabajadora, que fue el nombre que dio. Esa persona, en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones, subrayan fuentes ministeriales.

Por lo que se refiere a la malversación, el otro delito por el que el juez quiere que el Supremo investigue a Bolaños, las fuentes esgrimen que en su escrito Peinado afirma que los responsables de la Secretaría General de la Presidencia eran los responsables del nombramiento de Álvarez y debían conocer un supuesto uso irregular de recursos públicos en favor de las actividades privadas de Gómez.

Sin embargo, añaden las fuentes, tanto la documentación aportada como los testigos han ratificado que la Secretaría General no realizó el nombramiento de Álvarez y esta no dependía de este departamento. Asimismo, han recalcado que hasta el momento «no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos».

Así las cosas, desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sostienen que «estamos ante un caso parecido al de Juan José Güemes al que se imputó en base a unas declaraciones que el testigo no realizó, y un tribunal superior (la Audiencia Provincial de Madrid) rectificó el error». «Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo», admiten.