El Gobierno defiende que el informe del GREGO «constata que España avanza en la prevención de la corrupción»

Se congratula de haber cumplido parcialmente 16 de las 19 recomendaciones del Consejo de Europa

El Gobierno ha defendido que el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa constata que «España avanza en la prevención de la corrupción» porque «ya cumple parcialmente 16 de sus 19 recomendaciones», después de que el organismo haya afeado a España no haber dado cumplimiento a sus recomendaciones sobre la regulación de asesores políticos o de los ‘lobbies’ ni haya reformado el aforamiento.

Según ha relatado el Ministerio de Justicia en un comunicado, desde un primer informe en 2017 en el que «se certificaba la mala situación en la que se encontraba España en la lucha contra la corrupción» tras «dos legislaturas de inacción», y en la que se «evidenciaba que no existía una política anticorrupción sistemática», las evaluaciones realizadas por el GRECO «han mejorado constantemente».

En la adenda, publicada este viernes, «se reconoce los esfuerzos realizados» durante el último año gracias a iniciativas como el Plan de Acción por la Democracia, el proyecto de ley que regula la actividad de los ‘lobbies’ o grupos de presión, o el anteproyecto de ley de administración abierta, «que refuerza el cumplimiento en materia de transparencia e integridad institucional».

«Además, y en respuesta a su última evaluación, el Gobierno ha trasladado al Consejo de Europa la reciente presentación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, dotado de ambiciosas medidas en este ámbito que se derivan de las recomendaciones formuladas por este organismo, la OCDE y la Comisión Europea», ha explicado el Gobierno en su escrito, reiterando su compromiso con el GRECO.

El informe publicado este viernes por el GRECO se centra en la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad respecto de los miembros de los gobiernos centrales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en lo referido al primer bloque, el Gobierno destaca que se han cumplido parcialmente 8 de las 10 recomendaciones del organismo.

«Valora positivamente avances como la aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés, que impone normas como la creación de un registro, establece obligaciones a los lobbies y prevé sanciones en caso de infracción. También celebra la futura limitación de las denominadas puertas giratorias para que los cargos públicos no puedan ejercer determinadas actividades privadas poco después de abandonar la política», ha añadido el Ejecutivo.

Asimismo, según el Ministerio de Justicia, el informe «valora positivamente los avances» recogidos en el borrador del anteproyecto de ley de Administración Abierta, «que ampliará las obligaciones del Estado en materia de transparencia»; y celebra que el Plan de Acción por la Democracia «prevea la aprobación de un real decreto que incluirá una estrategia global de integridad».

En cuanto a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el informe constata avances y da por parcialmente cumplidas 8 de sus 9 recomendaciones.

Entre otras iniciativas, valora positivamente el desarrollo del Sistema de Integridad de la Guardia Civil (SINTEGC) y del Plan de Acción de Ética Profesional. También celebra las evaluaciones de riesgos vinculados a la corrupción elaboradas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ha destacado el Ejecutivo.

No obstante, el GRECO ha reprochado a España que no ha cumplido varias de sus recomendaciones clave de 2019, como la regulación de los asesores políticos. Aunque reconoce algunos avances en el marco del ‘Plan de Acción para la Democracia’, el organismo subraya que la ley que incluye esas medidas aún no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, por lo que no puede considerarlas implementadas.

También lamenta que el Gobierno no haya modificado a nivel estatal la figura del aforamiento, lo que, a juicio del organismo, sigue dificultando los procesos judiciales contra miembros del Ejecutivo acusados de corrupción. Además, considera insuficientes los avances en la regulación de los grupos de interés o ‘lobbies’, y afea que la ley en tramitación no obligue a publicar las agendas de los altos cargos que se reúnen con ellos.

El informe apunta igualmente a carencias en la independencia y recursos de órganos clave como la Oficina de Conflictos de Interés, y considera que deben reforzarse las medidas contra las ‘puertas giratorias’. Aunque el GRECO valora algunos avances en transparencia y acceso a documentos, expresa preocupación por los retrasos y obstáculos en el acceso público a la información.

En cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el GRECO ha concluido que la Guardia Civil ha hecho mayores avances que la Policía Nacional en la lucha contra la corrupción interna. Si bien ha señalado que ambas instituciones han mostrado progresos parciales, el informe lamenta la persistencia de deficiencias, especialmente en la transparencia y en la revisión de los regímenes disciplinarios.

Además, el organismo del Consejo de Europa ha insistido en la necesidad de evaluar los riesgos de corrupción y desarrollar planes específicos de integridad. También ha observado como una asignatura pendiente la mejora en los criterios de asignación de beneficios y bonificaciones, así como la transparencia en los procesos de promoción interna.