El Gobierno defiende que coincide con la Comisión Europea en que la amnistía no afecta al interés financiero de la UE

MADRID 15 Jul. –

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido a la Comisión Europea –que este martes ha puesto en duda que la Ley de Amnistía responda al interés general– señalando que ambas instituciones están de acuerdo en que la norma no afecta a intereses financieros de la UE ni tampoco contraviene la directiva contra el terrorismo.

De la forma ha respondido en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, después de que el abogado que representa al Ejecutivo comunitario defendiese ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la amnistía forma parte de un acuerdo político para lograr la investidura de Pedro Sánchez y señalase que la tramitación por la vía de urgencia ha ahondado en la división en la clase política, las instituciones y la sociedad española.

Aunque el abogado comunitario defendió que la amnistía «no permite o dificulta» saber si el procés socavó los intereses financieros de la UE, Alegría ha reiterado que Gobierno y Comisión Europea «coinciden en que no afecta» a los mismos.

En la misma línea, ha defendido que tanto la Comisión de Venecia como el Tribunal Constitucional consideran que la Amnistía responde a un «fin legítimo», según ha apuntado.

Alegría ha sido interrogada una segunda vez sobre este asunto y ha respondido del mismo modo, asegurando que la Comisión Europea está de acuerdo con el Gobierno de España en dos aspectos «nucleares», «no se vieron afectados los intereses financieros de la UE y la amnistía no contraviene la directiva contra el terrorismo», ha reiterado.

Previamente el abogado de la Comisión, Carlos Urraca Caviedes había expuesto su posición durante la vista celebrada en el TJUE en Luxemburgo.

«No parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación», indicó.

La vista se abordaba la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que debe decidir sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 –declarado ilegal por el Tribunal Constitucional– y apoyar la acción exterior del ‘procés’.

Bruselas ha planteado que ciertas disposiciones de la ley puedan impedir al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y, en particular verificar, si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal.

Por contra, los servicios legales del Ejecutivo descartan que haya un «vínculo suficiente» entre las ilegalidades amnistiadas y una afectación de los intereses financieros por, según defendió el Tribunal de Cuentas, la eventual reducción de la renta nacional bruta de España y con ello la contribución del país al presupuesto de la Unión en caso de secesión.