El Gobierno defiende la «seguridad» en el campamento del puerto de Ceuta tras la paralización de la Audiencia Nacional

Torres espera que los jueces resuelvan «hoy o mañana» para acabar con una situación «insalubre» y «conflictiva» en la playa

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado del mando único para la crisis de Ceuta, espera que la Audiencia Nacional se pronuncie «con urgencia» tras paralizar la construcción de un campamento para alojar a migrantes en el puerto de Ceuta y ha defendido la «seguridad» de esta instalación.

Torres espera que la AN se pronuncie «hoy si es posible o mañana» y asegura que el Ejecutivo ya ha trasladado toda la información al juzgado sobre la orden de utilizar dos parcelas del puerto de Ceuta para levantar carpas para alojar a unos 1.700 inmigrantes. El objetivo, ha recalcado, es acabar con una situación «insalubre» y «conflictiva» en el asentamiento de la playa.

En una entrevista en el programa ‘Mañaneros 360’ de TVE, Torres ha insistido en que la decisión de utilizar este espacio para ubicar a los migrantes estaba consensuada con el gobierno de la ciudad y se eligió el puerto frente a otros lugares para no afectar al día a día de los ciudadanos «a petición de la ciudad de Ceuta».

Desde el gobierno de Juan Jesús Vivas (PP) admitieron que en un primer momento aceptaron la opción de instalar las carpas en el puerto, pero luego se echaron atrás tras recibir informes tecnico jurídicos desfavorables.

«NIVEL 2» DE SEGURIDAD EN EL PUERTO

Este miércoles la Audiencia Nacional ordenó al Gobierno central paralizar la instalación del campamento hasta que «se resuelva» la medida cautelar urgente pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que interpuso un recurso reclamando su «paralización inmediata» al considerar que podía generar problemas de seguridad.

Torres dice que no se esperaban la decisión adoptada por la Audiencia Nacional porque estaba «todo preparado» y con un «nivel 2» de seguridad y vigilancia en la zona y ha insistido en que el objetivo es reubicar a unas 1.700 personas de las que ahora mismo están en las playas «en una situación insalubre y conflictiva».

Pide por tanto que «cuanto antes» se resuelva esa medida «cautelarísima» para poder «seguir con los trabajos» y que los inmigrantes que permanecen en Ceuta puedan ser filiados y –aquellos que no tengan derecho a permanecer en España– sean devueltos a su país.