El Gobierno de Ayuso denuncia ante la Fiscalía a seis «falsos menores» no acompañados por «fraude de ley»

«Madrid seguirá peleando para que el Gobierno de España frene este desorden migratorio», asegura

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denunciado ante la Fiscalía a seis «falsos menores» migrantes no acompañados hasta la fecha por «fraude de ley» y ha defendido que seguirá «peleando» para que el Ejecutivo central «frene este desorden migratorio».

Así lo ha trasladado este jueves la consejera de Familia, Asuntos Sociales y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a petición de Vox, para tratar las líneas generales de su área esta legislatura.

En noviembre, Dávila avanzó en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, que el Gobierno autonómico iba a denunciar a aquellos adultos que «deliberadamente» se hayan hecho pasar por menores no acompañados.

«Esta es una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar. Para Madrid estas conductas pueden constituir un delito de estafa y por eso vamos a actuar de manera inmediata», apuntó.

Durante su comparecencia, la consejera madrileña ha subrayado que Madrid «sigue y seguirá peleando» para que el Ejecutivo central «frene este desorden migratorio, que se lleva por delante miles de vidas, que juega con el futuro de personas vulnerables y que supone un auténtico desprestigio de España a ojos del mundo».

En este sentido, ha enumerado algunas de las medidas que ha tomado en materia de inmigración, como el traslado a la Delegación de Gobierno de 88 expedientes de menores «problemáticos» para la reagrupación en sus países o alertando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de «cómo trafican las mafias con el fraude de la documentación, provocando las primeras detenciones».

«Hemos logrado que se agilice el procedimiento de determinación de edad para no mezclar mayores con menores. Hemos presentado alegaciones y recursos contra los criterios de traslado que, en muchas ocasiones, van en contra del interés superior del menor», ha argumentado Dávila.

Vox ha sido el partido que ha solicitado la comparecencia de la consejera. La parlamentaria Belén González ha puesto el foco en que «las mujeres madrileñas necesitan que su Gobierno deje de mirar hacia otro lado mientras los delitos sexuales han aumentado».

Precisamente, Ana Dávila es una de las consejeras con la que es más crítica la formación encabezada por Isabel Pérez Moñino en la Asamblea, ya que entre sus competencias se encuentran los centros de menores extranjeros no acompañados. Además también han tenido choques en temas como el feminismo o el colectivo LGTBI.

«El modelo que ustedes celebran constantemente, ese Madrid de todos los acentos, se presenta como una fórmula cosmopolita de convivencia y apertura. Pero cuando se ignoran los problemas que genera una inmigración descontrolada, impulsada por (Pedro) Sánchez, y se renuncia a hablar de inseguridad, quienes terminan pagando el precio son las mujeres», ha criticado González.

En su segunda intervención, la consejera madrileña remarcado que el Ejecutivo autonómica «no tiene competencias en materia migratoria, ni de control de fronteras, ni de devoluciones» y que es el Gobierno central el encargado de este asunto, pero que «ha apostado por el caos y por los traslados disimulados».

A renglón seguido, Dávila ha aseverado que Vox «no ha frenado ningún traslado» porque «cuando han tenido responsabilidades de gobierno «han hecho exactamente lo que critican, acogiendo a más de 550 menores y votando a favor de leyes de protección de la infancia que protegen a estos menores».

«Decía su portavoz (Moñino) que Fran y Bea no pueden conseguir una vivienda porque se la dan antes a Kamal, Peter Fabio o a Monsef. No sé qué pensarán Sendy-Nanwani, Juan Manuel Mohamed, o Mohamed Layachi, integrantes de las listas de su partido en Ceuta y Melilla cuando le escuchan decir estas cosas», ha añadido.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha criticado a la consejera por «dar la espalda» a las familias monomarentales «olvidadas años y años tras promesas vacías», así como a las trabajadoras del servicio de atención a domicilio, un sector «altamente feminizado y precarizado».

«También le dan la espalda a las trabajadoras de las residencias, que están pidiendo desde hace semanas la dimisión del gerente de la Agencia de Madrileña de Atención Social por su pésima gestión. Aprovecho para pedirle que le pague lo que les debe a estas trabajadoras, trienios, transportes y festivos», ha reclamado.

En esta línea, la parlamentaria socialista Silvia Monterrubio ha calificado de «nefasta» la gestión de la consejera por convertir a la región en la que «más recorta en políticas de igualdad», a la vez que ha alertado del «deterioro de la calidad asistencial» en las residencias, con un personal «desbordado y agotado».

«El balance de sus tres años de gestión son familias abandonadas, mayores convertidos en negocio, personas con discapacidad atrapadas en listas de espera, mujeres víctimas de violencia de género desprotegidas y niños tutelados viviendo en centros indignos», ha concluido.