El Gobierno cierra filas para defender al fiscal general tras ser procesado por el Supremo

MADRID 9 Jun. –

El Gobierno ha cerrado filas este lunes para defender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser procesado por el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Ángel Hurtado, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado se basa en la filtración del ‘email’ donde el empresario se ofrecía a reconocer delitos para pactar, asumiendo que García Ortiz lo filtró a la ‘Cadena SER’ para «ganar el relato». Todo ello, dice, siguiendo «indicaciones» del Gobierno. Asimismo, Hurtado ha procesado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez por la misma causa.

El auto, de 51 páginas, menciona un artículo del Código Penal (417, puntos 1 y 2) que podría suponer penas de cárcel de hasta 4 años y 5 de inhabilitación. No obstante, contra el mismo aún caben dos tipos de recursos: ante el propio juez y ante la Sala de Apelación.

La decisión del procesamiento ha tenido lugar esta mañana, ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado mes de octubre. En un principio, cuando el asunto estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la causa se centró en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto.

Cuando el caso saltó al Supremo, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa.

No obstante, en los meses siguientes se fue ampliando la investigación: para abarcar otra vez el citado comunicado, para incluir las presuntas filtraciones de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador por presunto fraude fiscal, y para añadir también el correo electrónico que su defensa envió el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.

En su relato de hechos, Hurtado explica que, para llegar hasta ese ‘email’, García Ortiz «entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales», incluida Rodríguez, quien finalmente consiguió del fiscal del caso, Julián Salto, la cadena completa de ‘emails’ y se la reenvió a las 21.59 horas a García Ortiz, para «preparar una respuesta» y «dejar bien claro» que «la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto».

Todo ello, señala el TS, «con la finalidad de ganar el relato a esa información (de ‘El Mundo’) por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo».

De hecho, funda el procesamiento de Rodríguez en su participación en esas horas para recabar el ‘email’ de ‘Salto’ porque «sabía» que una vez conseguidos todos los correos electrónicos con la defensa de González Amador tendrían un uso «ajeno a los fines propios del proceso penal para el que fueron creados», porque su «finalidad» era «elaborar una nota para desmentir una información».

No obstante, valora de Rodríguez que, «a diferencia» de García Ortiz, conservó el contenido de su teléfono. Hurtado reprocha al fiscal general que efectuara un «borrado» de sus dispositivos móviles y de su cuenta personal de Gmail, algo que ve como un indicio más porque con ello quedó «frustrada» parte de la investigación.

El instructor insiste en que García Ortiz actuó de esta forma en las horas clave «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». En este sentido, apunta que, «paralelamente» a esos frenéticos contactos, «desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el corre de 2 de febrero», se envió copia del mismo a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual ‘número dos’ de los socialistas madrileños.

Frente al anuncio del procesamiento, varios ministros han salido a defender públicamente a García Ortiz. En primer lugar, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que es compatible que el fiscal general continúe con el cargo a pesar de haber sido procesado, reiterando así que sigue contando con la confianza del Gobierno y que «en ningún caso» pedirá su dimisión.

Además, Bolaños ha negado «rotunda y categóricamente» que Presidencia del Gobierno diese instrucciones al fiscal en el caso que afecta a González Amador, y lamenta que el Supremo haga esta afirmación, a su juicio, sin pruebas.

Así, ha expresado la «confianza plena» del Ejecutivo en el fiscal porque, afirma, es habitual que «delincuentes presuntos» que se ven sometidas a procesos penales «arremetan contra los fiscales». «Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito», ha insistido.

Previamente se había manifestado al respecto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que también ha afirmado que el Gobierno mantiene la «confianza» en García Ortiz, y descarta que tenga que dimitir.

Torres ha hecho hincapié en que debe respetarse la «presunción de inocencia» del fiscal, así como los «pasos» de la Justicia y ha señalado que ha habido casos de personas que han acabado en juicio oral que finalmente han sido «exoneradas», según ha indicado en declaraciones al programa ‘Mañaneros’ de Televisión Española.

Además, ha negado que el Gobierno diese estas órdenes y advierte de que cuando se hace una acusación de este tipo deben aportarse pruebas que a su juicio no hay. «Cuando se hace una acusación determinada tiene que haber siempre una parte probatoria indispensable, y no la hay», ha indicado.

Así, ha defendido que por el momento no existe un fallo sino un proceso de instrucción que culmina ahora «en el que ha habido mucha opinión sobre cómo se ha realizado», considerando que esta presunción de inocencia «hay que mantenerla hasta el final».

Con ello, ha sostenido que conoce «muchísimos casos» de compañeros del PSOE y de otros partidos que han pasado por procesos judiciales y finalmente las causas han quedado «en nada» y se ha mostrado convencido de que «va a salir a relucir toda la verdad» en la nueva fase del proceso judicial que empieza ahora, una vez terminada la instrucción. «Al final, la verdad relucirá», ha rematado.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha dicho al respecto que «la oposición real» sale a «arreglar todos los desaguisados» del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el «desastre» de manifestación contra el Gobierno de este domingo.

«La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal», ha expresado el ministro socialista en un mensaje en la red social X.

Por último, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla el «trabajo extraordinario» que está realizando el fiscal general, donde ha expresado su «respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales y también al trabajo extraordinario que está realizando el fiscal general del Estado».