El Gobierno carga contra el Supremo por la ‘ley de nietos’: «En democracia el voto se garantiza, no se restringe»

Fuentes del Ejecutivo admiten que son los afectados quienes tienen la legitimación para recurrir al Tribunal Constitucional

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha criticado al Tribunal Supremo por rechazar el recurso del Ejecutivo para que se levantara la suspensión cautelar de la llamada ‘ley de nietos’ para las próximas elecciones generales, recalcando que en un sistema democrático «el derecho al voto se garantiza, no se restringe».

De este modo ha cargado contra la decisión del TS de mantener la suspensión cautelar de los españoles residentes en el extranjero incluidos en el censo en virtud de esta disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática a menos que acrediten que son descendientes de exiliados.

Respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para que todos ellos puedan votar, Saiz ha evitado concretar y se ha limitado a repetir que están analizando la resolución del Supremo.

No obstante, fuentes gubernamentales se inclinan por que son los propios afectados los que deben recurrir esta decisión al TC, porque, afirman, son ellos quienes tienen la legitimación jurídica para hacerlo.

EL GOBIERNO ACATARÁ LA DECISIÓN DEL SUPREMO

En todo caso, la portavoz ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, que se trata de una situación «que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el derecho al voto» y por tanto «de extraordinaria gravedad».

Aunque ha dejado claro que no la comparten, también ha asegurado acatarán la orden del Alto tribunal. «El Gobierno siempre acata las resoluciones judiciales», ha señalado, insistiendo en que están «en fase de análisis».

Pese a estar decididos a obedecer la orden del Supremo, fuentes gubernamentales, hacen hincapié en la complejidad de llevarlo a cabo por el poco margen que hay hasta las elecciones generales del 29 de noviembre y subrayan que muchos de los que ahora no podrán votar, sí lo hicieron en elecciones del 2023 y 2024.

Así, se quejan de que es «complejísimo» sacar a estas personas del censo electoral y todavía no tienen claro cómo lo harán. Por tanto reiteran que el Gobierno cumplirá pero todavía están decidiendo de qué modo.

En Moncloa lamentan además lo que consideran una utilización política de este asunto y acusan a lo partidos de la derecha de trasladar incertidumbre sobre un sistema electoral que, aseguran, es totalmente garantista. Por tanto, acusan a PP y Vox de prácticas ‘trumpistas’ al poner en cuestión la limpieza del proceso.