El Gobierno busca cómo salvar el Tratado de Amistad con Francia tras el ‘no’ del Congreso y la inhibición del TC

La no ratificación del acuerdo casi tres años después de su firma está demorando una nueva cumbre bilateral

El Gobierno está tratando de buscar la vía con la que sacar adelante el Tratado de Amistad suscrito con Francia en enero de 2023 después de que el Congreso rechazara su ratificación el pasado mes de mayo y de que el Tribunal Constitucional haya optado esta semana por no pronunciarse sobre el recurso presentado por el Senado y promovido por el PP, al considerar que el ‘no’ parlamentario impedía la validación del mismo.

«El Gobierno sigue trabajando para que entre en vigor el Tratado de Amistad con Francia, que será beneficioso para nuestros ciudadanos en múltiples aspectos», se limitan a señalar fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a Europa Press, después del último revés que ha supuesto la decisión del Constitucional.

El principal escollo en la ratificación del Tratado de Amistad, rubricado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Barcelona en 2023 en la cumbre bilateral, lo constituye el punto relativo a la participación de un ministro en las reuniones del Consejo de Ministros de la otra parte como mínimo una vez cada tres meses y de forma rotatoria.

Para que esto fuera posible, primero era necesario modificar la Ley de Gobierno de 1997, que en su artículo 5.2 estipula que «a las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello», pero no así ningún extranjero.

El Gobierno hizo un primer intento fallido presentando una enmienda a la Ley de Paridad en abril de 2024, pero finalmente consiguió modificar la redacción de dicho punto mediante una enmienda a la Ley de Eficiencia de la Justicia, aprobada en noviembre de ese año. Con ello, se incluyó la coletilla: «Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España».

Habida cuenta del retraso acumulado, puesto que Francia ya había completado su proceso de ratificación, el Consejo de Ministros aprobó por fin el pasado 28 de enero la remisión a Cortes del Tratado de Amistad y su tramitación por el procedimiento de urgencia, con el fin de reducir a la mitad los plazos previstos.

Sin embargo, el Gobierno se topó con el rechazo del PP que, haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado, sacó adelante el 12 de febrero un recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Los de Alberto Núñez Feijóo sostenían que el artículo que permite a ministros franceses participar en el Consejo de Ministros «podría vulnerar lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Española», respecto de la posible presencia del Rey como único asistente al Consejo de Ministros que no es miembro del Gobierno.

Mientras el Constitucional analizaba el recurso, el Tratado de Amistad siguió su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde superó un primer trámite en la Comisión de Exteriores, gracias a la abstención del PP, que esgrimió que estaba a la espera de lo que dijera el TC. También se abstuvieron entonces Podemos y Junts, mientras que Vox votó en contra.

Con ello, el tratado –que al ser internacional requiere la validación de las Cortes para su entrada en vigor– fue sometido a debate y votación en el Pleno el 14 de mayo. Entonces, el PP sí votó en contra, al igual que Vox y UPN, pero fue la abstención de Junts y Podemos la que impidió al Gobierno obtener la mayoría necesaria.

En esta tesitura, la única baza del Gobierno para poder ratificar el tratado pasaba por que el Constitucional rechazara el recurso del Senado o al menos negara que fuera inconstitucional la participación de representantes de otros países en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, este miércoles el Constitucional decidió no pronunciarse sobre el recurso del Senado tras el rechazo del Congreso a ratificar el tratado. En su sentencia, ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, explica que la declaración que pidió la Cámara Alta «ha de ser previa a la ratificación del tratado en cuestión y, tras la denegación de la autorización por el Congreso, el tratado no puede ser ratificado válidamente por España».

Así las cosas, en el Gobierno no aclaran qué vías se están sopesando para poder ratificar el Tratado, habida cuenta del impacto que este retraso está teniendo en la relación bilateral con Francia, país con el que a priori debería haberse celebrado este año una nueva Reunión de Alto Nivel y que por ahora no se ha concretado ya que en París consideran que no tendría sentido si no se ha podido materializar el principal acuerdo de la anterior.

Más allá de indicar que siguen «trabajando» para su ratificación, en el departamento que encabeza José Manuel Albares –quien en enero de 2024 prometió a su homólogo francés que el tratado estaría ratificado antes de ese verano– no precisan si se va a volver a hacer un nuevo intento en las Cortes o si se sopesa la posibilidad de suprimir el artículo que ha generado toda la controversia.

«La voluntad del Gobierno es y siempre ha sido que entre en vigor», han defendido las fuentes consultadas por Europa Press, que recuerdan que si esto no ha sido posible «es por el voto en contra del PP rechazándolo», algo que el propio Albares ha afeado a los de Feijóo en alguna ocasión en sus comparecencias parlamentarias.