El Gobierno asegura la defensa de los Derechos Humanos en el Mundial de 2030 con Marruecos, frente a las dudas de Sumar

MADRID 24 Ene. –

El Gobierno ha recalcado a Sumar que está «plenamente comprometido» con la organización del Mundial de Fútbol de 2030 «desde el punto de vista deportivo» y también «con los principios de respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad y la inclusión social», y lo ha hecho ante las dudas de su socio de izquierda por la represión marroquí de las protestas del pasado verano.

Así responde el Gobierno a una pregunta escrita de los diputados de Izquierda Unida Enrique Santiago y Toni Valero, quienes le pedían pronunciarse sobre la coherencia de la participación española (además de la marroquí y portuguesa) en el Mundial de Fútbol y por las medidas que se están adoptando para apoyar el respeto a los Derechos Humanos, después de las limitaciones al derecho de manifestación y las «detenciones sistemáticas» en el país vecino.

En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno defiende que España está comprometida de lleno con la organización de tal evento tanto desde el punto de vista deportivo como desde los principios de respeto a los Derechos Humanos, sostenibilidad e inclusión social.

Y añade que la reciente creación de la Comisión Interministerial, la implementación del II Plan de Derechos Humanos y las garantías aprobadas el 30 de julio «reflejan ese compromiso» y la voluntad de que el evento sea «un referente positivo para el deporte y la sociedad en su conjunto».

En este sentido, el Ejecutivo subraya que este «firme compromiso» con la protección y promoción de los DDHH se extiende a todos los ámbitos de su acción política, tanto a nivel nacional como internacional, y recuerda que España, como miembro activo de la UE y de conformidad con la legalidad vigente, vela activamente por el respeto y la garantía de los derechos humanos.

El Gobierno sostiene que España «se compromete» a defender los DDHH al firmar y formar parte de numerosos tratados, convenios y textos normativos, tanto a nivel internacional como nacional, para dejar claro que, con ello, el Ejecutivo «garantiza la plena observancia de los Derechos Fundamentales y las libertades públicas en todas las áreas de su gestión».