El fiscal mantiene los 4 años de cárcel para Ancelotti y su defensa tacha de «chapuza» los contratos del Madrid

La defensa asevera que el entrenador estuvo «mal asesorado» y que se fió de los contratos

El fiscal en el juicio celebrado contra el entrenador del Real Madrid Carlos Ancelotti por un presunto fraude fiscal ha mantenido su solicitud de cuatro años y nueve meses de prisión al considerar que está acreditada la defraudación tributaria en 2014 y 2015, en contra de lo que sostiene la defensa del técnico italiano al afirmar que estuvo «mal asesorado» y que los contratos eran «una chapuza».

El juicio ha quedado visto para sentencia tras los informes finales y sin que el acusado haya usado su derecho a la última palabra. En su alegato final, el fiscal ha afirmado que «ese conjunto de sociedades» instrumentales afincadas en Íslas Vírgenes Británicas para el cobro de los derechos de imagen apuntan a una «clarísima existencia de un plan o estructura defraudatoria».

Según el fiscal, a través de estos derechos de imagen hizo un plan para «tributar menos» en España, indicando que hubo un perjuicio en la Agencia Tributaria y que alegar que hizo caso a sus asesores fiscales no es excusa para desvincularse de los hechos. Reprocha que en 2018 no hiciera ningún tipo de reparación fiscal cuando se le informó de los hechos, siendo en 2021 el cobro principal de ese millón defraudado.

Se basa el representante de Ministerio Fiscal en el informe de los peritos de la Agencia Tributaria tras ratificar éstos durante este jueves los indicios para sustentar los dos delitos contra la Hacienda Pública de los que se le acusa.

La deuda tributaria ha sido cobrada por la Agencia Tributaria mediante embargo, ascendiendo finalmente a un total de 1.217.958,24 euros, un recargo de apremio de 243.593,71 euros y 47.298,10 por intereses. El fiscal le reclama dos penas de multa que ascienden a un total de 3.186.237 euros.

Por su parte, el abogado del Estado ha afirmado que la prueba de cargo ha elevado la presunción de inocencia del procesado, mencionando la «absoluta simulación del contrato de derechos a una de las sociedades» para eludir, a su juicio, la tributación en España de los rendimientos por los que cedía derechos.

La defensa en su turno ha solicitado la libre absolución de Carlo Ancelotti y en el caso de condena, reclama que se aplique una atenuante de dilaciones indebidas y de reparación del daño. «Ancelotti estuvo mal asesorado, las cosas no cuadran, la documentación no casa y eso es palmario. Los contratos fueron una chapuza. Pero ¿qué defraudador presenta dos declaraciones en dos sitios distintos? ¡Es un despropósito!, ha subrayado.

Para el letrado, estos contratos apuntan a que el Real Madrid quería «una tributación más cómoda» y recuerda que en España se prohíben contratos en netos, por lo que se incluyeron unas claúsulas.

«Ancelotti no tenía muy claro lo que estaba firmando», ha recalcado el abogado, indicando que el Real Madrid se ahorró fiscalmente con la retención pagar unos 200.000 euros y no habría delito.

En su declaración, el entrenador merengue ha detalló que cuando llegó al equipo del Real Madrid firmó un contrato federativo en julio de 2013, acordando que un 15% de su salario lo cobraría por derechos de imagen y en el que se hablaba de una sociedad cesionaria para los citados derechos.

«Yo nunca he dado importancia a los derechos de imagen. Los entrenadores no son tan importantes pero sí los jugadores porque venden camisetas», manifestó.

El fiscal considera que a pesar de que confirmó su condición de residente en España a efectos fiscales, y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que ficticiamente pretendía haber cedido a otras entidades.

El escrito de acusación recuerda que el 4 de julio de 2013, el acusado firmó un contrato de trabajo de deportista profesional como entrenador del Real Madrid para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016, «fijándose y especificándose en su remuneración para ese periodo, además de unos rendimientos del trabajo, unos rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club».

A partir del mes de julio de 2013, el acusado pasó a trabajar y residir en España, fijando su domicilio y residencia habitual en Madrid, si bien cesó de forma anticipada su relación profesional con el club el día 25 de mayo de 2015.

No obstante, desde su llegada a España hasta aproximadamente el mes de octubre del año 2015, dispuso de dicha vivienda arrendada, siendo ese mismo año España «su centro principal de relaciones personales e intereses económicos y profesionales». De hecho, obtuvo 14.867.622,25 euros del Real Madrid sólo en concepto de rendimientos del trabajo, «debiendo por tanto tributar por su renta universal en nuestro país también en este ejercicio 2015».

La Fiscalía sostiene que el acusado, con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen que recibía del club o de otras marcas por participar en algunos eventos, acudió para canalizar el cobro de dichos derechos «a un complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas».