El Consejo de Europa urge a España mayor regulación de los conflictos de interés, puertas giratorias y ‘lobbies’

Valora positivamente avances del Gobierno, pero le recrimina una «pobre implementación» de sus recomendaciones anticorrupción

El Consejo de Europa ha reclamado a España mejoras en la regulación de los conflictos de interés entre altos cargos del Gobierno, así como en sus reuniones con ‘lobbies’, los aforamientos o las puertas giratorias cuando abandonan sus funciones públicas para trabajar en el sector privado.

Así se recoge en un informe publicado este miércoles por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), creado en 1989 para mejorar la capacidad de sus 47 países miembros de luchar contra la corrupción, y en el que se afea a España una «pobre implementación» de las recomendaciones que la organización hizo en 2019 a nuestro país.

En concreto, España ha implementado de manera parcial 13 de las recomendaciones, mientras que seis no se han aplicado en ningún modo. Esto ha llevado al GRECO a incluir a España en un procedimiento de incumplimiento y a solicitar al Gobierno español a que informe sobre los avances en esta materia de cara a la 100ª sesión plenaria del grupo, que se celebrará a principios de junio en la ciudad francesa de Estrasburgo.

Fruto de esos incumplimientos, el Consejo de Europa ha pedido a las autoridades españolas una mayor atención en la prevención de los conflictos de intereses de los altos cargos, además de mayor transparencia en las funciones ejecutivas de cargos superiores del Gobierno, incluidos sus asesores.

GRECO señala que aunque el Ejecutivo ha adoptado medidas para evitar el conflicto de interés en la Administración General del Estado, no ha diseñado una estrategia específica para los cargos del Gobierno central, quienes por su «naturaleza política» y su «interacción con el sector privado» enfrentan «desafíos particulares».

También ha pedido que refuerce el régimen aplicable a los asesores del Gobierno, exigiéndoles los mismos estándares de transparencia e integridad que se aplican a los altos cargos, por lo que deberían ser públicos sus perfiles y salarios.

El informe ha solicitado a su vez mejoras en materia de declaración de bienes, regulación del ‘lobbies’, las puertas giratorias y el sistema de responsabilidad penal de los miembros del gobierno, conocido como aforamientos. Además, ha requerido una mayor independencia para la Oficina de Conflictos de Intereses y para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En cuanto a las declaraciones de bienes, GRECO señala que aunque el Gobierno ha aumentado el detalle de los bienes declarados por los altos cargos, aun falta un mayor desglose, especialmente en lo relativo a las actividades externas, como activos, intereses, empleos externos y deudas, además de familiares a su cargo.

El Consejo de Europa es más contundente sobre la regulación de ‘lobbies’ y cómo deben relacionarse los altos cargos con los grupos de presión, señalando que la recomendación no ha sido implementada de ningún modo y que las autoridades españoles trataron de aprobar una anteproyecto de ley que no se completó por la convocatoria electoral de 2023.

Eso sí, el Congreso está tramitando en esta legislatura un proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que define qué son los ‘lobbies’, cuáles son sus actividades de influencia, y establece un código de conducta para los grupos de interés en su relación con los altos cargos y con el personal público, entre otras medidas.

Sobre las puertas giratorias, GRECO incide en que no es suficiente que los altos cargos del Gobierno no puedan ejercer labores en ‘lobbies’ hasta dos años después de dejar sus cargos, como recogía el proyecto de ley sobre grupos de interés que cayó en la pasada legislatura. Señala, por contra, que la recomendación es «mucho más amplia».

Asimismo, ha recordado que solicitó a España que eliminase la figura del aforamiento para que no obstaculice el proceso penal cuando miembros del Gobierno son sospechosos de haber cometido delitos vinculados a la corrupción. El Ejecutivo respondió que es un asunto «delicado», ya que requeriría una reforma constitucional con un amplio consenso parlamentario, «algo difícil de alcanzar»

Por último, reclama una mayor independencia con una mejor dotación de fondos para dos organismos encargados de controlar las posibles irregularidades y para que los ciudadanos puedan hacer un escrutinio de las agendas y los datos patrimoniales de los miembros del Ejecutivo: la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Eso sí, el informe del GRECO ha valorado positivamente la adopción por parte de España de un marco de honradez entre las autoridades, el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), que incluye la evaluación de riesgos de corrupción, un código de ética, disposiciones sobre integridad y conflictos de intereses, así como formación para los funcionarios y canales internos de denuncia.

También ha reconocido los esfuerzos de España por cumplir los requisitos de acceso a la información pública de los ciudadanos, incluida la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales, y alienta a seguir progresando mediante medidas adicionales.

También aplaude iniciativas para promover la igualdad de género en las fuerzas del orden como la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque insiste en la necesidad de mejorar los mecanismos internos de prevención de la corrupción.