El Congreso vota la ley del PNV para derogar el recurso previo de inconstitucionalidad

También quiere acabar con la suspensión de cargos públicos que desobedezcan sentencias del TC

El PNV defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para reformar la ley del Tribunal Constitucional (TC) con el fin de derogar tanto el recurso previo contra reformas estatutarias como las sanciones que introdujo el PP en 2015 para los cargos públicos que incumplan las sentencias del tribunal de garantías.

Se trata de una reforma que ya se debatió en el Congreso a finales de 2016 y en marzo de 2021. En ambas ocasiones llegaron a ser tomada en consideración por el Pleno, con apoyo de los partidos de izquierdas y nacionalistas, pero no llegaron a completar su tramitación por sucesivas prórrogas del plazo de presentación de enmiendas y las posteriores disoluciones de las Cortes.

En concreto, el PNV propone derogar la reforma de 2015 que el PP aprobó con su mayoría absoluta en plena efervescencia separatista catalana para castigar a los cargos públicos que desoyen al TC. Eso sí, los proponentes plantean una redacción con la que se acepta que incumplir las sentencias del TC debe tener algún reproche, pero en vez de la suspensión que incorporó el PP, apuestan por multas menores.

En concreto, la iniciativa del PNV busca eliminar los artículos de la Ley del TC que dan carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias con un catalogo que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión de sus funciones.

En su lugar, los nacionalistas proponen «imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar».

Pero la proposición de ley del PNV también incluye la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía, una reforma que también se introdujo en 2015, pero en este caso por acuerdo entre socialistas y ‘populares’.

Para este Grupo, esta norma «acarrea riesgos» para la «estabilidad» del sistema porque «supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional ‘a posteriori’ que fue atribuido en el texto constitucional». Y, lo que considera aún más grave, «permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo».

La iniciativa sostiene además que el recurso previo de inconstitucionalidad convierte al Constitucional «en una tercera cámara legislativa y por ello en un órgano político de control». Asimismo, advierte de que las modificaciones aprobadas entonces otorgaron al Tribunal mecanismos que «poseen, de hecho, contenido punitivo» y que alteran la naturaleza del control constitucional previsto en la Carta Magna.