El Congreso vota hoy la ley de multirreincidencia, que suma más apoyos de la oposición que de socios del Gobierno

La reforma, impulsada por Junts y apoyada por PSOE, PP, Vox y PNV, endurece las penas por robos de móviles por incluir datos personales

La reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, llegará este jueves el Pleno del Congreso para su votación final y lo hará con más apoyos de la oposición que de socios del Ejecutivo. De entrada, todo apunta a que al menos el PSOE, PP y Vox la respaldarán.

Y es que esta proposición de ley ha enfrentado al PSOE con Sumar, su socio en el Gobierno, y con sus habituales socios parlamentarios, esto es, Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y Podemos, que no sólo no la comparten sino que además sostienen que con la misma Pedro Sánchez sólo busca contentar a los de Carles Puigdemont.

Junts registró esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024, siendo admitida a trámite por el Pleno medio año después. Se guardó durante meses en un cajón hasta que, por fin, en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. Sin embargo, la reforma volvió a entrar en hibernación porque los socios a la izquierda del Gobierno se habían mostrado disconformes con la misma.

Pero la ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por Junts llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa. Ahora el Pleno del martes debatirá y votará el texto y, posteriormente, y lo enviará al Senado para completar su tramitación.

Todo apunta a que en ese último trámite en el Congreso se volverá a evidenciar la distancia que sobre la multirreincidencia mantiene el PSOE con Sumar y con sus aliados de la izquierda, como así quedó demostrado durante el debate en comisión.

En comisión, todos los grupos dieron su respaldo a la reforma de Junts, al contrario que Sumar, Bildu y Podemos, que votaron en contra, y ERC, que optó por la abstención. Todo hace pensar que en el Pleno del martes habrá un resultado similar.

En concreto, la reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.

Y se añadió otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, «cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro». Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permitirá imponer cautelarmente al delincuente «la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas».

Por último, mediante una enmienda ‘in voce’ acordada por PP, PNV y Junts, se estableció una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado ‘petaqueo’ que resta apoyo logístico a las narco lanchas al castigarse «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos» contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.