El Congreso renueva hoy el puesto del PP en la Comisión de Secretos, que acumula tareas incumplidas

MADRID 16 Oct. –

El Congreso elegirá este jueves a la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, como nueva representante del PP en la Comisión de Gastos Reservados, el órgano parlamentario que controla al Centro Nacional de inteligencia (CNI) y que acumula ya media docena de taras incumplidas.

Esta comisión, cuya reuniones son a puerta cerrada, está formada por un representante de cada grupo (generalmente el portavoz), que debe ser autorizado por el Pleno del Congreso para acceder a materias clasificadas como secreto.

Actualmente, y a la espera de la votación de Muñoz, este reducido club está integrado por Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Enrique Santiago (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Maribel Vaquero (PNV) y Néstor Rego (del BNG, en representación del Grupo Mixto).

Pero como Tellado dejó la portavocía del Grupo Popular al ser nombrado secretario general del partido, el Pleno del Congreso debe elegir a su nuevo representante, que será la portavoz, Ester Muñoz. La votación, que será este jueves, tiene carácter secreto y por papeleta en urna.

En esta legislatura ya se han producido varios cambios en la composición de esta comisión. El último fue en junio, cuando Maribel Vaquero relevó a Aitor Esteban como representante del PNV. Quien más relevos ha sufrido ha sido Sumar, que ha cambiado de representante hasta en tres ocasiones: en el inicio se votó a Marta Lois, que dejó el Congreso para presentarse a las elecciones gallegas; después continuó con Íñigo Errejón, que dimitió tras ser acusado de acoso sexual; y hace casi un año se eligió al portavoz de Justicia e Interior, Enrique Santiago, al que cedió el puesto la actual portavoz del grupo, Verónica Martínez Barbero.

Según la legislación, la conocida como Comisión de Secretos es la encargada de ejercer el control parlamentario del uso de los fondos reservados por parte de los Ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo: Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.

Pero lo cierto es que esa obligación legal no se cumple, ya que la última vez que los ministros informaron del uso de gastos reservados fue a finales 2022, en la pasada legislatura: el 8 de noviembre compareció Fernando Grande-Marlaska (Interior) y el 16 de diciembre fue el turno de Margarita Robles (Defensa). El titular de Exteriores, José Manuel Albares, ni siquiera se ha estrenado.

El PP ya ha pedido la comparecencia de estos tres ministros para rendir cuentas sobre el uso de estas partidas presupuestarias, y en breve habrá que fijar una fecha.

Esta comisión se ocupa también de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sobre eso hay varias peticiones de comparecencia de distintos grupos que siguen sin fecha pese a transcurrir meses e incluso años.

Así, el PP tiene pedido la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, informe de la aparición de Carles Puigdemont en España y su posterior huida en el verano de 2023, y que también explique su firma en un documento de varios servicios de inteligencia de otros países advirtiendo de ciberataques patrocinados por China.

Por su parte, Sumar tiene pedida la comparecencia de la directora del CNI por el supuesto uso de dinero público para «silenciar relaciones sentimentales del rey Juan Carlos.

Y Esquerra Republicana quiere que la ministra Robles y la responsable del CNI expliquen la relación de los servicios de Inteligencia con el imán de Ripoll al que se considera ‘cerebro’ de los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña.

En lo que va de legislatura, la única reunión de la Comisión de gastos reservados tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando compareció a puerta cerrada de la vicepresidenta Sara Aagesen para explicar las causas del apagón de finales de abril.

El CNI y los fondos reservados estuvieron tres años sin control parlamentario la pasada legislatura, ya que la elección de los integrantes de la comisión estaba bloqueada. Y es que hasta 2022 se exigía un respaldo de tres quintos del Congreso (210), lo que obligaba a apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y el PP, Vox y Ciudadanos rechazaban apoyar la entrada de los independentistas, lo que les impedía llegar a ese mínimo.

Para salvar aquel bloqueo, que se prolongó durante dos años y medio, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aprobó bajar el listón a la mayoría absoluta (176 votos). Lo hizo en abril de 2022 cuando los grupos independentistas exigían explicaciones al CNI por el espionaje mediante el programa ‘Pegasus’, pero la comisión no podía reunirse porque no se había elegido a sus integrantes.