El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia de Junts con apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV y el rechazo de Sumar

La reforma endurece las penas por robos de móviles, estafas en el ámbito digital y el ‘petaqueo’, entre otros delitos

El Congreso ha aprobado este jueves con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN la reforma penal impulsada por el partido de Carles Puigdemont para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras leyes.

La ley ha evidenciado una fractura entre los dos partidos que componen el Ejecutivo, ya que Sumar la ha rechazado enérgicamente, al igual que los socios de izquierda Bildu, Podemos, BNG y Compromís. En cambio, ERC se ha abstenido a cambio de un aumento de la plantilla de jueces para Cataluña.

Durante su debate en el Pleno del Congreso, la diputada de Junts Marta Madrenas ha defendido que la norma «nace del territorio, no de los despachos» y que llega «muy tarde» tras «bloqueos y dilaciones». Pero ha afirmado que con la ley «se ataca la impunidad» y que es «una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil» para jueces, fiscales, policías.

Por su parte, la ‘popular’ Cuca Gamarra ha criticado el «secuestro» de la ley durante mucho tiempo y ha defendido que el «pequeño delito repetido ya no es pequeño cuando se reincide». Además, ha asegurado que «reincidir en España ya no sale gratis» y que «el delito no puede ser rentable». «España se viene a trabajar y el que venga a delinquir a su país», ha apuntado.

Por el contrario, el socialista Francisco Aranda ha tachado de «muy peligroso» el discurso de «equiparar inmigración con delincuencia» es «un discurso muy peligroso». Y ha defendido que el Gobierno actúa «desde la óptica de un Gobierno de izquierdas», «sin fiarlo todo al punitivismo».

Por su parte, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha calificado la reforma de «necesaria, pero no suficiente», y ha celebrado que «la realidad acaba imponiéndose». «No estamos ante una abstracción jurídica –ha insistido–. Nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juicio. España no puede ser su paraíso».

También ha defendido la ley el portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, quien ha declarado que busca dar respuesta a la multirreincidencia en hurtos y estafas porque la ley actual «resulta ineficaz» y generaba la percepción de que «por una puerta entra y por otra salen».

En la dura crítica a esta ley se ha situado el portavoz de Interior de Sumar, Enrique Santiago, quien ha rechazado que se endurezcan penas para «delincuentes de poca monta, mientras hay impunidad con los fuertes» y ha advertido de que «solo sirve para fortalecer a la ultraderecha». También Podemos ha calificado la reforma de «populismo punitivo».

En la misma línea, el diputado de Bildu, Jon Iñarritu ha esgrimido que el aumento de penas «es el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención» y aplicada en delitos leves «no sirve para nada».

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha anunciado su abstención tras el pacto con el Gobierno para aumentar la planta judicial con 180 nuevos jueces para Cataluña. Pero ha señalado que «la realidad no se cambia a golpe de Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Civil» y ha criticado una «Administración de justicia incapaz de dar respuesta en tiempo y en forma».

Junts registró esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024, siendo admitida a trámite por el Pleno medio año después. Se guardó durante meses en un cajón hasta que, por fin, en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. Sin embargo, la reforma volvió a entrar en hibernación porque los socios a la izquierda del Gobierno se habían mostrado disconformes con la misma.

Pero la ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por Junts llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa, que ahora sale aprobada del Congreso con destino al Senado para completar su tramitación.

En concreto, la reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.

Y se añadió otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, «cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro». Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permitirá imponer cautelarmente al delincuente «la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas».

Por último, mediante una enmienda ‘in voce’ acordada por PP, PNV y Junts, se estableció una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado ‘petaqueo’ que resta apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos» contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.