El Congreso acelera la reforma de su reglamento para sancionar periodistas y prevé aprobarla este mes en dos Plenos

El PP quiere eliminar las sanciones a periodistas en el Congreso subrayando que el orden público es competencia de la Presidencia

El PSOE y sus socios van a acelerar la tramitación de su reforma del Reglamento del Congreso que permitirá sancionar a periodistas acreditados que obstaculizan la labor parlamentaria y de la prensa en la Cámara, a los que definen como «pseudoperiodistas»; el objetivo es aprobarla este mes de julio en dos sesiones plenarias, una el próximo martes y otra en la penúltima semana, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Esta reforma, registrada después de una serie de incidentes protagonizados por periodistas acreditados de medios digitales que se han enfrentado a políticos y otros informadores, trata de regular la renovación de las credenciales de los informadores que concede la Cámara e introducir un régimen sancionador para aplicarlo a las personas acreditadas que perjudiquen la actividad de la institución o el trabajo de otros representantes de los medios.

Con este texto, el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, dan respuesta a las peticiones cursadas por diferentes colectivos profesionales de periodistas que han solicitado a la Cámara medidas para «evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo». Su objetivo, según subrayan estos grupos, no es restringir la labor de los profesionales de la información, sino actuar contra «activistas de ultraderecha» que asisten a ruedas de prensa.

El Reglamento del Congreso, que data de 1982, encargó a la Mesa de la Cámara la concesión de acreditaciones a representantes de los medios, pero la nueva reforma busca regular el procedimiento para la renovación de las mismas y fijar «los requisitos que resulten exigibles». También se crea un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, con un miembro de cada grupo y representantes de los colectivos profesionales, que podrá proponer sanciones contra un informador acreditado, aunque la última palabra la tendrá la Mesa.

Así, se obligará a los informadores acreditados a respetar «las reglas de cortesía parlamentaria» y las directrices de la Mesa, nadie podrá realizar grabaciones sin estar acreditado y los grupos podrán designar a una persona que coordine sus encuentros informativos. Y habrá sanciones para quienes incumplan estas normas, con castigos que pueden llegar a la suspensión de las credenciales por un tiempo determinado o incluso su revocación definitiva.

La proposición de ley fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 20 de mayo y sus promotores pidieron tramitarla por el procedimiento de urgencia, acortando los plazos parlamentarios a la mitad. Hace unos días reunieron 178 firmas de diputados, por encima de la mayoría absoluta requerida, para habilitar cuantas sesiones parlamentarias sean necesarias para aprobarla este verano con idea de que esté en vigor al inicio del próximo periodo de sesiones.

De entrada, se prevé celebrar el próximo martes por la tarde, día 8 de julio, una sesión plenaria para debatir y votar las enmiendas de totalidad que han presentado el PP y Vox, los dos partidos que junto con UPN, votaron en contra de admitir a trámite la reforma.

La propuesta alternativa del PP, recogida por Europa Press, elimina todo lo relativo a la regulación de las acreditaciones de prensa al considerar que la Presidencia del Congreso tiene atribuidos los poderes de policía en dependencias parlamentarias y de mantenimiento del orden, pudiendo «adoptar cuantas medidas considere oportunas», incluyendo la expulsión y puesta a disposición judicial a las personas que perturbaren el orden público.

«Por lo tanto, el mantenimiento del orden y las posibles actuaciones que hubieran de adoptarse a tal fin en el interior del Congreso, en todas sus dependencias, es una función que corresponde en exclusiva a la Presidencia por mandato constitucional. Cualquier pretensión para hurtar esa facultad y delegarla en la Mesa o en cualquier otro órgano de la Cámara conculcaría ese principio general, por ausencia de competencias para ello», argumenta el PP.

El Grupo Popular sí que salva la segunda parte de la proposición de ley del PSOE y sus socios, que ampliará los supuestos en los que los diputados pueden solicitar el voto telemático para que puedan hacerlo cuando tengan que atender a familiares cercanos o cuando se produzca su fallecimiento. El objetivo, reza el texto, es «poder compatibilizar el ejercicio del cargo con situaciones de evidente, grave y excepcional trascendencia».

Vox, por su parte, «rechaza totalmente» las medidas para regular el derecho de información en el Congreso, pero ha querido aprovechar su enmienda de totalidad para presentar una reforma alternativa del reglamento recopilando buena parte de sus reivindicaciones de los últimos años.

Así, los de Santiago Abascal proponen suprimir el uso de las lenguas cooficiales que se ha estrenado esta legislatura, regular la fórmula de acatamiento de la Constitución de los nuevos diputados para evitar añadidos, recortar a la mitad el número de comisiones parlamentarias, exigir informes jurídicos al presentar proposiciones de ley, y prohibir el préstamo de diputados a la hora de constituir grupo parlamentario, entre otras medidas.

Los textos alternativos de PP y Vox se debatirán y votarán el día 8 y, a la vista del apoyo del resto de grupos, todo apunta a que la proposición de ley del PSOE y sus aliados seguirá su curso. El siguiente paso será su aprobación en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión) en el ‘Pleno escoba’ que se prevé celebrar en torno al 22 de julio.