El Colegio de Periodistas de Andalucía presenta alegaciones al anteproyecto de ley del secreto profesional

SEVILLA 24 Sep. –

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha presentado alegaciones al ‘Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información y de los Prestadores de Medios de Comunicación’ aprobado en julio en el Consejo de Ministros.

La corporación colegial ha expresado mediante una nota que es «imprescindible» que el texto normativo incorpore una serie de modificaciones para «evitar la imprecisión de la que adolece en la actualidad y que los periodistas queden aún más desprotegidos, lo que ocurrirá si el texto legal sigue adelante en su actual redacción».

Cabe mencionar que el Colegio de Periodistas de Andalucía ha recibido el apoyo de las facultades públicas de Comunicación de Sevilla, Málaga y Granada, así como de la Complutense de Madrid. Y que la ATIC (Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación) también se ha posicionado a favor del argumentario elaborado por el colectivo profesional andaluz.

El CPPA advierte de que el actual articulado presenta «dos graves lagunas». En primer lugar, el término «periodista» no aparece ni en el título de la ley ni en ninguno de sus artículos, lo que genera inseguridad jurídica y «deja en el aire quiénes son los titulares efectivos del derecho al secreto profesional».

La propuesta del Colegio «es clara», deben estar amparadas por este derecho las personas con titulación universitaria en Periodismo o Comunicación Audiovisual y que ejercen su labor en los medios de comunicación periodísticos. El Colegio entiende que el hecho de que haya personas ejerciendo el periodismo sin la titulación específica se debe resolver mediante una disposición transitoria –tal y como recoge el documento presentado por el CPPA–, pero que en ningún caso una ley orgánica puede refrendar la ausencia de formación específica en el ejercicio periodístico.

En segundo lugar, el anteproyecto «no recoge ni reconoce ninguna de las leyes autonómicas de ámbito profesional que existen a nivel nacional, entre ellas, la ley de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, por lo que obvia los preceptos legislativos que se recogen en éstas». Entre ellos, que son los colegios los representantes de los intereses profesionales de los periodistas en su ámbito autonómico y que, por tanto, les corresponde la vigilancia y garantía del secreto profesional.

Otra de las claves de las alegaciones presentadas es «la necesidad de precisar qué debe entenderse por medio de comunicación», dado que no todos los medios existentes pueden ser equiparados ni deben estar amparados por este derecho, tal y como viene defendiendo el Colegio andaluz desde su creación.

Sobre la base de este argumento, defiende el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (Romda) como instrumento objetivo para determinar qué es un medio de comunicación periodístico y propone la creación de un Registro similar a nivel nacional gestionado por las organizaciones colegiales, como corporaciones de derecho público que son.

Además, el CPPA ha reclamado que la norma contemple la existencia de mecanismos públicos de garantía, vigilancia y autorregulación que aseguren su correcta aplicación a través de las entidades de derecho público profesional (es decir, los colegios de periodistas) y el futuro Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas, garantizando así la independencia frente a intereses políticos, empresariales o privados.

«Sólo así se evitará que la aplicación de esta ley quede en manos de intereses ajenos a la profesión y se protegerá de verdad la libertad de prensa», ha subrayado el Colegio de Periodistas de Andalucía.

El Colegio de Periodistas de Andalucía ha considerado «necesario» que se desarrolle este derecho fundamental reconocido en la Constitución y, en ese sentido, ha considerado «una buena noticia que se empiece a trabajar en ello».

No obstante, ha enfatizado en que «lo que debería ser un avance en la protección de los derechos de quienes ejercen el periodismo –y, en consecuencia, de la ciudadanía a recibir información veraz– se ha convertido, en los términos en los que está redactado el anteproyecto, en una amenaza para aquello mismo que se pretende garantizar».

El CPPA ha acompañado sus alegaciones con documentación y planteamientos elaborados por la ATIC (Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación), así como con las aportaciones de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Estos informes, como se ha mencionado anteriormente, coinciden en la necesidad de concretar el ámbito subjetivo de aplicación de la norma, reconocer el papel de la titulación en el ejercicio profesional y establecer órganos de supervisión independientes vinculados a los colegios profesionales.

La ATIC, además, ha presentado sus propias alegaciones al anteproyecto de ley orgánica. En estas expresa que «se adhiere íntegramente al conjunto de alegaciones registradas por los Colegios Profesionales de Periodistas, en particular a: la necesidad de precisar el sujeto profesional del derecho, evitando el intrusismo y preservando la calidad informativa; la definición normativa de «medio de comunicación social» a los exclusivos efectos de esta Ley; el refuerzo de garantías procesales y el informe preceptivo colegial en eventuales levantamientos del secreto; la autorregulación canalizada a través de los Colegios y su futuro Consejo General y la creación de disposiciones transitorias que reconozcan a profesionales con trayectoria acreditada».