El BOE publica el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato en su lugar

MADRID 10 Dic. –

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado «a petición propia», condenado a dos años de inhabilitación para el cargo por revelación de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el nombramiento, en su lugar, de Teresa Peramato.

El fallo del Tribunal Supremo (TS) contra García Ortiz se conoció hace 20 días y ayer fue hecha pública la sentencia en la que se le condena tanto por la filtración a los medios del ‘email’ donde el empresario y novio de Ayuso se ofrecía a confesar como por la posterior publicación de una nota de prensa que lo mencionaba.

La Sala Segunda del Supremo sentencia que el fiscal general del Estado «no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito», indicando así la revelación de secretos contra Alberto González Amador y le condena a dos años de inhabilitación para el cargo que ocupa, a una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros por daños morales al novio de Ayuso.

El BOE publica así el cese de García Ortiz como fiscal general del Estado, acordado por Real Decreto 1138/2025, de 9 de diciembre señalando que este se produce «a petición propia», ya que había anunciado su decisión de dejar el cargo a los pocos días del fallo del TS, y agradeciéndole «los servicios prestados».

No obstante, en la publicación se especifica que el Consejo de Ministros de ayer lo ha acordado, de conformidad con la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por la concurrencia de la causa prevista en el artículo 31, que establece las incompatibilidades de los miembros de la carrera fiscal.

En el BOE de hoy también se publica el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado por Real Decreto 1140/2025, de 9 de diciembre, aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

El artículo 124.4 de la Constitución especifica que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece, además, que será eligido de entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Teresa Peramato ha pasado ya todos los trámites pertinentes para su nombramiento al haber informado favorablemente al mismo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras lo cual compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con el fin de que se pudieran valorar sus méritos e idoneidad. Tras ello, el Consejo de Ministros de ayer la nombró fiscal general del Estado.

Peramato es una fiscal con 35 años de carrera que destaca, sobre todo, por su experiencia en la lucha contra la violencia de género pero también por su carácter progresista. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, ingresó en la carrera fiscal en 1990 pasando por diversas fiscalías –Tenerife, Valladolid y Barcelona– hasta que recaló en Madrid, donde en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer.

De esa época, destaca su participación en el grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del organismo, en 2007.

Desde entonces, fue enlazando cargos de responsabilidad en esa materia hasta que finalmente en 2021 fue nombrada, por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer. Y durante el mandato de García Ortiz, fue designada fiscal delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal y jefa de la sección penal del Tribunal Supremo, cargo que compartía con otros tres fiscales.