El abogado de la víctima del DAO asegura que está «decepcionada»: «Espero que el ministro la proteja adecuadamente»

MADRID/ZARAGOZA 18 Feb. –

El abogado de la mujer que denunció al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual, Jorge Piedrafita, ha asegurado que la víctima se ha sentido «decepcionada» y ha expresado su confianza en que «el ministro (Fernando Grande-Marlaska) la proteja adecuadamente».

Así lo ha manifestado en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press al ser preguntado por las declaraciones de Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados en las que se ha comprometido a dimitir si la víctima dice «que no se ha sentido protegida o ha entendido que (este ministro) le ha fallado en algún sentido».

Según el abogado, la víctima «se ha sentido decepcionada» porque «lo que esperaba es que el ministro cesara a esta persona». José Ángel González presentó su dimisión en la tarde del martes tras haber sido citado como investigado por un supuesta agresión sexual cometida contra su subordinada.

Lo que sí ha admitido el abogado es que desde que en el día de ayer la subdirectora general de la Policía, Gemma Barraso, habló con la víctima «la trataron bien, con tacto». «A partir de ahí iremos viendo que protección hace el ministerio que ha sido lo que yo le he pedido, espero que este ministro la proteja adecuadamente», ha añadido Piedrafita.

En una entevista en Aragón Radio, recogida por Europa Press, el abogado ha confirmado que no informaron del caso al Ministerio del Interior hasta este mismo martes, tal y como ha afirmado el ministro, Fernando Grande-Marlaska, y ha asegurado que les están llegando «rumores» de que este no sea «un hecho aislado» y de la posibilidad de que haya otras mujeres víctimas, a las que ha pedido «que sean valientes».

Según ha indicado, la víctima se encuentra «muy mal», especialmente tras hacerse pública la denuncia. «Si ya estaba mal, con todo este tsunami mediático, la repercusión que ha tenido y los múltiples ataques que está recibiendo sobre su intimidad y sobre cosas que no vienen al caso, ella y su entorno están sufriendo cada vez más».

Preguntado por las declaraciones de Grande-Marlaska, quien ha aseverado esta mañana que hasta el martes desconocían la denuncia presentada contra el DAO, quien también ejerció como jefe superior de Policía en Aragón entre 2017 y 2018, ha confirmado esta versión: «Desde luego, por nuestra parte no, porque lo hemos llevado todo con la máxima discreción y este asunto ha entrado directamente al juzgado y no fue hasta ayer –con la admisión de la querella– cuando mi clienta habla directamente con la subdirectora general de Personal, Gemma Barroso».

Según el abogado, la alto cargo de Interior, que ocupa el cargo de González tras su dimisión, «la atendió muy bien, con mucho tacto y se quedó literalmente de piedra cuando le explica la situación». «Ese es el único contacto que por nuestra parte hay con el Ministerio en el día de ayer», ha remachado Piedrafita, quien ha reiterado que desconoce si lo pudieron conocer por otras vías, pero por la denunciante porque «era un tema muy delicado que había que trabajar con mucha discreción para que llegara a la mesa del juez» y lo hiciera «al margen de cualquier conducto policial» y sin ninguna «interferencia».

En concreto, la denuncia la presentaron el pasado 9 de enero en los juzgados de plaza de Castilla y, desde entonces, «ha seguido su circuito» hasta que ha llegado al juez de violencia contra la mujer. «Yo ya desconozco si desde que esto entró en el juzgado el ministro podía haberlo sabido o no haberlo sabido», ha subrayado, a lo que ha sumado que los juzgados están «como un auténtico campo de guerra, con desorganización, ineficiencia y falta de medios» debido a la Ley Bolaños.

El letrado ha señalado que los hechos que se denuncian sucedieron el 23 de abril, que es cuando la víctima estaba prestando sus servicios como agente de Policía y recibió la orden del DAO de que acudiese al lugar donde estaba comiendo, lo llevara a su residencia oficial y, a continuación, le manda subir «porque tenía que hablar con ella de una cuestión que no puede escucharse en vía pública». Es ya dentro del domicilio cuando el jefe policial «intenta forzarla» de distintas maneras, también «violentamente, rasgándole la ropa».

Asimismo, ha agregado que, incluso después de que esta agente consiguiera zafarse y huir del lugar, tras «bastantes minutos de forcejeo y de resistencia», el presunto agresor la sigue «presionando» y «recriminando su actitud», por medio también de su mano derecha, el comisario Óscar San Juan.

«Sigue la presión y, para que sobre todo ella no denuncie, se le llega a ofrecer que pida el destino que quiera en la Policía», ha explicado Piedrafita, quien ha afirmado que es en este momento cuando «la víctima explota psicológicamente», «tiene que ser atendida» y, de hecho, sigue aún en un «proceso de recuperación».

Cuando la víctima «reúne un poco más de fuerzas y se siente mejor», es cuando el equipo jurídico se pone a trabajar en el caso durante «muchos meses» y «con discreción», con el objetivo de «armar una buena querella que fuera directamente al juzgado sin interferencias policiales, para dejarla admitida como así ha sido».

En cuanto al hecho de que el exDAO esté también acusado como supuesto autor de un delito de malversación, el letrado ha indicado que se valió de su autoridad para ordenar a esta funcionaria para atender «su apetecimiento particular» con un vehículo oficial y para que subiera a una vivienda que es propiedad del Ministerio, por lo que entienden que se produjo «uso de medios públicos para finalidades que no son el servicio público».

Sobre la posibilidad de que haya más mandos policiales implicados, entre ellos el comisario San Juan, ha dicho que «efectivamente, puede haber más personas implicadas» y que será la instrucción la que deberá depurar la responsabilidad de todas aquellas personas que hayan intervenido.

«Se dirige principalmente contra José Ángel González porque es el principal autor de los hechos más graves y que tenemos acreditados, pero en el transcurso de la instrucción, evidentemente, el comisario Óscar San Juan, que es el brazo ejecutor del DAO y ha tenido una participación activa en los hechos, tendrá que dar su versión y explicar», ha añadido, a lo que ha sumado que el juez deberá valorar también si tienen algún tipo de responsabilidad penal el chófer u otras personas dentro del Cuerpo que pudieran haber colaborado en estas acciones.

En este sentido, el letrado ha aseverado que, «por desgracia», les están llegando «rumores» de la posibilidad de que este no sea un hecho aislado» y que haya «más casos de mujeres que hayan pasado por la misma situación». Por ello, les ha instado a ser «valientes», a pesar de que es un proceso «muy duro», porque «estas cosas se tienen que saber y, bajo ningún concepto, permitirse en un cuerpo policial».