Diputación del Común pide un «cambio estructural» para garantizar el acceso a la educación a los menores migrantes

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha solicitado este miércoles un «cambio estructural» en la aplicación de los derechos de las personas migrantes, especialmente en casos de «situación límite» y de la infancia migrante.

Padrón se ha reunido con los equipos de FÜNDEC y Salud por Derecho para analizar la exclusión en el acceso al sistema educativo de menores migrantes que llegan a Canarias, y por otra, el impacto de las políticas migratorias en la salud de las personas migrantes y sus familias, una situación que está generando una «crisis de salud global».

El encuentro surge por la necesidad de dar seguimiento y marco amplio a una serie de quejas individuales y genéricas que viene presentando la Fundación FÜNDEC respecto al racismo institucional que caracteriza, entre otras, las políticas de escolarización de menores migrantes por parte del Gobierno de Canarias.

La abogada Vania Oliveros, asesora jurídica de FÜNDEC, considera que «dichas políticas violan el interés superior del menor, principio que, según la Convención de los Derechos del niño de 1989, debe estructurar las políticas públicas que afectan a la infancia».

Esta realidad refuerza la denuncia de Salud por Derecho, que en su reciente informe ‘La política migratoria en la UE como crisis de Salud Global’ ha expuesto las graves vulneraciones de derechos que enfrentan las personas migrantes.

La fundación insiste en la necesidad de una agenda política que ponga la equidad en salud en el centro del debate frente a las políticas migratorias actuales, recoge una nota de la Diputación del Común.

Asimismo, advierte sobre las implicaciones del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que consolidará la detención sistemática como una práctica habitual.

«La exposición prolongada a condiciones de estrés extremo durante la detención tiene efectos devastadores en la salud, especialmente en niños y niñas, quienes corren un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves, como cáncer de pulmón o patologías cardiovasculares, y cuya esperanza de vida podría reducirse hasta en veinte años», señala Jaime Manzano, investigador y responsable de incidencia de la fundación.