Desarticulada en Navarra una trama de falsificación documental y fraude laboral en el sector del metal

Se investigó a 17 personas y 7 empresas, y las operaciones se cifraron en torno al millón de euros, con 155 personas perjudicadas

PAMPLONA, 24 Mar. –

Una investigación llevada a cabo por distintas unidades especializadas y organismos técnicos de Guardia Civil de Navarra y desarrollada durante cerca de dos años ha permitido desarticular una trama empresarial de falsificación documental y fraude laboral en el sector del metal.

Según han informado desde el Instituto Armado, se trata de una trama relacionada con la simulación de operaciones de compraventa de material metálico y la utilización indebida de identidades de terceros para ocultar la verdadera procedencia de las transacciones.

Las actuaciones se iniciaron tras detectarse diversos robos de cobre en tendidos eléctricos y cableado telefónico en la zona de Tierra Estella. A raíz de estos hechos, se intensificaron las inspecciones en centros de reciclaje de la zona, lo que condujo a la revisión de la actividad registrada en un centro de tratamiento de chatarra situado en la Merindad de Estella.

Durante estas comprobaciones se observó la presencia de abundante material metálico procedente de distintas empresas del sector del metal. Al finalizar la documentación del centro se detectó un «patrón irregular» en las operaciones registradas: numerosos albaranes reflejaban ventas realizadas por diferentes personas con importes inferiores a 1.000 euros y que, en el cómputo global, no superaban los 3.000 euros por vendedor.

Este sistema repetido «levantó las primeras sospechas de un posible fraccionamiento deliberado de operaciones para evitar controles fiscales y administrativos». Posteriores comprobaciones permitieron constatar que muchas de las personas que figuraban como vendedores desconocían completamente las transacciones realizadas a su nombre.

En algunos casos se trataba de trabajadores o extrabajadores de las empresas investigadas, mientras que en otros correspondían a clientes, proveedores o incluso personas sin vinculación con el sector.

Durante la investigación, que se extendió al periodo entre los años 2020 y 2024, se detectó la implicación de varias empresas del sector metalúrgico que «habrían utilizado identidades de terceros para registrar ventas ficticias de material reciclable».

El análisis de documentación contable, registros laborales y archivos informáticos permitió reconstruir el ‘modus operandi’. Las empresas habrían empleado datos personales de trabajadores, familiares, clientes o personas ajenas para figurar como vendedores en los albaranes de entrega de chatarra, «ocultando así a los verdaderos operadores y fragmentando las operaciones para dificultar su control administrativo y fiscal».

También se detectaron «indicios de irregularidades laborales». En el estudio de nóminas y documentación interna, los agentes pudieron constatar «el encubrimiento de horas extraordinarias bajo conceptos retributivos como dietas, lo que habría afectado tanto a los derechos de los trabajadores como a las cotizaciones a la Seguridad Social».

En la fase operativa final se llevaron a cabo entradas y registros en varias empresas y en el centro de reciclaje que dio inicio a la investigación. En estos registros se incautaron numerosos documentos, equipos informáticos y soportes de almacenamiento que posteriormente fueron analizados por los agentes investigadores.

En total se examinaron más de 83.000 archivos digitales, cerca de 10.000 documentos escaneados, unos 800 albaranes y aproximadamente 2.000 tickets de pesaje, lo que permitió reconstruir la actividad económica investigada y establecer vínculos entre empresas, personas y operaciones.

Como resultado de la operación se investigó a 17 personas físicas y siete personas jurídicas, se identificó a 155 personas perjudicadas y se estimó que las operaciones investigadas podrían haber alcanzado un valor aproximado cercano al millón de euros.

Las diligencias permitieron esclarecer 32 delitos, entre ellos usurpación de estado civil, falsedad documental, corrupción entre particulares, administración desleal, delitos contra los derechos de los trabajadores, revelación de secretos y fraude a la Seguridad Social.

La causa fue instruida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella, Plaza nº2.