Desahucian a una familia con dos menores y una anciana con problemas de salud en la Malvarrosa

El juzgado había dictado una sentencia de desahucio hace dos años, en octubre de 2024, tras el impago de rentas de alquiler

VALÈNCIA, 9 Nov. –

Una familia con dos menores de 6 y 16 años y una anciana con problemas de salud han sido desahuciados este lunes, por orden judicial, de la vivienda que tenían alquilada en el barrio valenciano de La Malvarrosa y que habían dejado de pagar, según han confirmado a Europa Press fuentes del Sindicat d’Habitatge de València.

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de València dictó el 29 de octubre de 2024 una sentencia por la estimaba la demanda interpuesta por la propietaria del inmueble, una ciudadana particular, contra el arrendador, y decretó la resolución del contrato de arrendamiento, tal y como han detallado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En la misma resolución, el juzgado apercibía al demandado de un lanzamiento si no desalojaba el inmueble en el plazo legal, al tiempo que le condenaba al pago a la demandante de 5.300 euros en concepto de rentas de alquiler impagadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia recogía que había quedado acreditado, tanto por la documental como por el interrogatorio del hijo de la demandante que se encargaba de gestionar el alquiler de la vivienda, el impago de las rentas del alquiler.

Previamente a esa sentencia, el 23 de octubre de 2024, el juzgado ya había denegado la suspensión del procedimiento que había solicitado el arrendador, al entender que el solicitante no había presentado toda la documentación necesaria para que pudiera accederse a la suspensión del lanzamiento y no había acreditado documentalmente sus alegaciones, que por lo demás eran una «afirmación genérica no soportada en documento alguno».

El 28 de octubre de 2026, ya siendo firme la sentencia y en periodo de ejecución de títulos judiciales, el juzgado dictó un auto por el que denegaba la suspensión del lanzamiento previsto. Ese auto respondía a la solicitud de suspensión provisional del lanzamiento y enervación extraordinaria del procedimiento presentada el 15 del mismo mes por la parte ejecutada, y una vez recibidas las alegaciones de la parte ejecutante, la arrendataria.

En ese auto se argumentaba por el juez que la solicitud de suspensión del lanzamiento se basaba en razones de vulnerabilidad económica a partir de un informe realizado «sobre la base de lo que manifiesta quien lo pide», por lo que su «valor probatorio es muy escaso», algo que ya fue manifestado «en junta de jueces de primera Instancia, que comunicamos a las autoridades oportunas para que el informe pudiera tener valor probatorio», recogía en sentencia.

A juicio del magistrado, la pretensión presentada pretendía «únicamente dilatar la ejecución de una sentencia ejecutable». Y es por ello que debebía tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 7.1 del Código Civil y 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Estos artículos establecen que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe; y que los jueces y juezas, así como los tribunales, rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.

En base a esta legislación, el juez advirtió: «Los ciudadanos no solo son titulares de derechos, sino también de obligaciones, que deben cumplir, y la parte ejecutada era sabedora, hace muchos meses, de su obligación de abandonar la vivienda y no lo hizo. Por ello, se declara procedente la ejecución debiendo seguir». Contra ese auto de ha presentado recientemente recurso de reposición, aunque dicho recurso, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, no tiene efectos suspensivos.

«SIN NINGÚN PROBLEMA»

Desde el Sindicat d’Habitatge han lamentado que se trata de una familia vulnerable, sin alternativa habitacional, y que dejó de pagar el alquiler «porque sus condiciones personales cambiaron». Se trata de Rudolf y Corina, sus hijas de 6 y 16 años, y una mujer mayor que se encuentra «constantemente» en el hospital.

Desde esta entidad han explicado que la familia llevaba viviendo de alquiler en el barrio desde 2008 «sin ningún problema», hasta que la madre de Rudolf sufrió un cáncer y, después de perder el trabajo, incurrieron en impagos del alquiler.

«La única alternativa ofrecida por parte de la propiedad hasta ahora ha sido renovar el contrato de alquiler a cambio de una subida del precio, una propuesta inasumible debido a la necesidad constante de cuidados de la madre y las dos hijas», ha lamentado.

El pasado jueves, el sindicato consiguió detener el primer intento de ejecución en la puerta, con una concentración de cerca de 30 personas que lograron ganar tiempo a pesar de la presencia policial. El objetivo era conseguir tiempo para presentar toda la documentación necesaria para detener el desahucio mediante el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre.

Este RDL, en teoría, paraliza los desahucios de personas vulnerables, al menos hasta que obtengan una alternativa por parte de la administración gubernamental competente, ya sea habitacional o económica. Sin embargo, se ha programado un nuevo desahucio para hoy que sí se ha ejecutado. «Esta mañana la Policía ha vuelto a militarizar el barrio entero, desde las 6 horas, para asegurar que la concentración nuestra no impidiera el desalojo», ha criticado.

«Queríamos hablar con la comitiva judicial porque hemos traído dos informes de vulnerabilidad que acreditan que el desahucio, acorde al RD ley, no se puede producir. Pero el juez ha decidido, a voluntad propia y discrecional, ejecutarlo obviando esta información y el Real Decreto», ha lamentado.

Desde el Sindicat han pedido «medidas» que frenen estos desahucios, «que paren de haber huecos en las leyes para que no se la salen los jueces a su voluntad». Además, ha asesorado a la familia desahuciada, que ha ido a Servicios Sociales con toda la documentación para ver si les dan alternativa habitacional, «que desgraciadamente será un albergue temporal», ha dicho.