De los Santos (PP) reclama la dimisión de Redondo y afirma que al Gobierno «nunca le ha importado las mujeres»

VALÈNCIA 26 Sep. –

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha reclamado la dimisión de la ministra Ana Redondo por el «escándalo» del fallo de pulseras de control telemático de maltratadores, al tiempo que ha considerado que su reprobación en el Congreso de los Diputados esta semana «demuestra que el bloque del inicio de la investidura, falsamente progresista, está mucho más que roto».

De los Santos, que ha realizado declaraciones a los medios de comunicación en València, ha cargado contra «la política de silencio, la gestión insuficiente y la irresponsabilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez, al que, según ha dicho, «nunca le ha importado las mujeres».

En esta línea, ha insistido en exigir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha reivindicado que «se asegure la protección de las víctimas» de la violencia de género.

A su parecer, «si las pulseras no funcionan, es por culpa de la gestión insuficiente del Ejecutivo y de su política de silencio y de mirar para otro lado, porque lo sabían desde hace más de un año».

«No solo la presidenta del Observatorio contra la Violencia Machista del CGPJ se lo hizo saber a la ministra, sino que diferentes representantes de los trabajadores de Cometa hicieron llegar diferentes noticias», ha añadido.

Y ha criticado que el Ministerio de Igualdad «sigue negándolo» y que tanto Redondo como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, digan «que quizá esto pueda dañar a un 1% de estas mujeres, como si 46 víctimas de violencia machista fueran pocas».

«Demuestran su irresponsabilidad, falta de sensibilidad y de empatía y nos hacen ver que en el PSOE nunca han importado las mujeres», ha insistido el parlamentario ‘popular’.

Por último, ha hecho notar que quien sacó a la luz este escándalo «fue el propio fiscal general del Estado en su memoria anual y, después, abundaron en ello el Consejo General del Poder Judicial, diferentes fiscalías como la de Castilla-La Mancha o Girona; los abogados defensores de las víctimas, los trabajadores de Cometa y las propias víctimas de violencia machista».