CSIF tacha de «desmantelamiento del Estado» la cesión a Cataluña de la gestión de los secretarios judiciales

MADRID 31 May. –

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha tachado de «desmantelamiento del Estado» la asunción de Cataluña de la gestión de los secretarios judiciales.

En concreto, el secretario Jurídico de CSIF, Pedro Poves, ha criticado el acuerdo anunciado este viernes por Junts y el PSOE que permitirá a la Generalitat de Cataluña asumir la gestión integral de los funcionarios de la administración local con habilitación estatal, es decir, secretarios, interventores y tesoreros municipales.

«Desde CSIF nos oponemos a esta nueva cesión de competencias a la Generalitat de Cataluña respecto del Cuerpo Habilitado Nacional de Secretarios de Ayuntamiento», ha declarado el sindicalista, que ha añadido que este acuerdo «se une las competencias de Hacienda y otras muchas con una línea de desmantelamiento del Estado en esa comunidad autónoma».

En este sentido, Poves ha recalcado que este cuerpo tiene unas funciones «importantísimas de control y gestión respecto de los ayuntamientos», por lo que la habilitación nacional es «absolutamente necesaria». Por último, el representante de CSIF ha indicado que aún «están solicitando mayor información al Gobierno».

En un comunicado, PSOE y Junts explican que el acuerdo se materializa a través de una disposición adicional específica para Cataluña en la citada ley, que atribuye a la Generalitat las facultades de creación, clasificación y supresión de puestos; aprobación de la oferta de empleo público; procesos de selección, nombramiento y procesos de provisión, y gestión administrativa integral de estos funcionarios.

Se trata, según Junts, de un avance reclamado desde hace tiempo por el mundo local, y con ello consideran que dan cumplimiento al compromiso adquirido con el PSOE para la convalidación de los reales decretos en enero de 2024 relativo «al reconocimiento de la posición singular en materia institucional de la Generalitat como consecuencia de los derechos históricos y la tradición jurídica catalana».

También defienden que contribuirá a revertir la situación crítica que, a su juicio, sufren muchos ayuntamientos catalanes «donde el 66% de puestos de secretaría, intervención y tesorería se encuentran vacantes u ocupados interinamente, generando graves disfunciones».